La acción de amparo electoral

El matutino Diario libre en su edición del 10 de abril del presente año se hizo eco de una publicación, tanto en su editorial como en la columna Cafecito político, donde aborda el tema más importante de la actualidad nacional: La imposición de la partidocracia como sistema político que ha destruido la democracia dominicana.

En la parte editorial reclama: "...Ante la obscena cantidad de dinero, que ronda los 5,000 mil millones, que serán entregados a los partidos políticos para las elecciones de mayo...".

El contenido de este editorial no tiene ningún desperdicio por que concluye de esta manera contundente: "Defender la democracia no se trata de asaltar el erario...".

De todos los editoriales que yo he leído en mi vida pública, este es el que más me ha orientado en la necesidad de seguir aportando mi granito de arena a favor de las causas nacionales.

En la columna el cafecito político el licenciado Luis Miguel De Camps, ministro de trabajo, también hizo su reclamo: "La población tiene que sentir que la actividad política no debe ser costosa, al contrario, debe ser más barata...".

Ahora pasaremos a explicar este problema en su diferente vertiente para que la gente comprenda la situación y comienza a reclamar la corrección de esta distorsión política.

En el aspecto jurídico. Para corregir esta situación, hay que acudir ante el tribunal superior electoral incoando una acción de amparo electoral que está contemplada en el artículo 114 de la ley 137-11 del tribunal constitucional y sus procedimientos modificada por la ley 154-11.

En el aspecto constitucional. Con la creación de la ley que le otorga recursos públicos a los partidos políticos, se violan derechos fundamentales y principios democráticos que vamos a señalar a continuación, a saber: a) el derecho al voto, b) el derecho a la reunión, c) el derecho a la asociación, d) el derecho a la manifestación, e) el derecho a la diferencia, f) el derecho a la participación, g) el derecho a la igualdad, h) el derecho a tener elecciones libre transparentes y justas, es decir, que la libertad de expresión y di fu^. del pensamiento no está garantizada lo que pone en serio peligro el derecho a las libertades públicas. El artículo 72 de la constitución consagra la acción de amparo y el articulo 73 le da el tiro de gracia.

Sobre la junta central electoral. En materia electoral de acuerdo al artículo 2l2 de la constitución la junta central electoral tiene sus funciones delimitadas y claras y en ningún párrafo se le concede poderes facultades para gestionar dinero o recursos públicos ante el poder ejecutivo para que sean asignados a los partidos políticos.

Sobre el aspecto político. El artículo 216 de la constitución de la república establece claramente la función de los partidos políticos que hasta la fecha ha sido distorsionada y, precisamente, en esta alocada distorsión es que sea llevado a cabo un verdadero golpe de estado constitucional donde se ha impuesto un sistema de partidocracia que ha destruido el sistema democrático donde el mismo presidente de la república, licenciado Luis Abinader, en el año del 2020 cuando asumió su mandato propuso la urgencia de corregir este problema y los partidos políticos mayoritario se opusieron a su propuesta donde el mandatario flamante termino acorralado y tuvo que rápidamente recular para no chocar con los intereses de la impuesta partidocracia dominicana que, entre sus secuelas de distorsiones, ha traído consigo un aberrante nepotismo donde todos los cargos públicos son repartidos entre los familiares y allegados de los representantes de esta partidocracia.

Al presentarse el acorralamiento del presidente Abinader, tuvo que salir en su defensa su ministro José Ignacio Paliza sin ningún resultado positivo por lo que después de concluidas estas elecciones el pueblo dominicano tendrá que lanzarse a las calles a reclamar que se derogue esta bochornosa ley, que se haga una reforma política y también acudir ante el tribunal superior electoral con la acción de amparo lectoral para revestir esta lucha reivindicativa del principio de la legalidad.

Los congresistas, que pertenecen a los partidos políticos, también propiciaron un golpe de estado constitucional al crear el barrilito que hace tiempo fue denegado en la cámara de diputados no así en el senado que lo han mantenido a sangre y fuego en contra de los reclamos generales de la población de que el barrilito sea eliminado.

Hacemos este último señalamiento, para que se comprenda que la situación que venimos exponiendo es bastante delicada y requiere de la participación de las fuerzas políticas y sociales que interactúan en los diferentes escenarios de la comunidad por lo que, por último, le hacemos un llamado a los partidos mayoritario_>, para que no sigan beneficiándose de este sistema de partidocracia, y a los partidos y agrupaciones de diferentes índoles a que se unan a la lucha que se avecina para corregir un sistema que ha plagado de ignorancia, miseria y atraso al pueblo dominicano.

Ramón Miliano

El autor es abogado, periodista y escritor.