Gobierno de Trump endurece controles de seguridad para inmigrantes y retrasa procesos legales
Los nuevos controles de seguridad incluyen revisiones ampliadas de antecedentes con el Buró Federal de Investigaciones, afectando solicitudes de asilo y ciudadanía
Diario Libre USA
La administración del presidente Donald Trump ordenó la implementación de controles de seguridad más estrictos para inmigrantes que solicitan beneficios legales en Estados Unidos, lo que ha provocado la pausa temporal de numerosos casos mientras se aplican las nuevas medidas.
Según documentos internos difundidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, los oficiales deberán volver a someter solicitudes pendientes —incluyendo asilo, residencia permanente y ciudadanía— a revisiones ampliadas de antecedentes con el Buró Federal de Investigaciones.
La directriz, efectiva desde el 27 de abril de 2026, también instruye a los funcionarios a no aprobar ningún caso que no haya pasado por estos nuevos controles. Además, se les ordenó reenviar las verificaciones basadas en huellas dactilares si la información previa del Buró fue recibida antes de esa fecha.
Estas medidas responden a una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero, que amplió el acceso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración a bases de datos criminales federales "en la máxima medida permitida por la ley", con el objetivo de identificar posibles amenazas a la seguridad nacional o pública.
- Según el mandatario, esto incluye a extranjeros con historial delictivo que hayan ingresado o permanecido en el país violando leyes migratorias.
Un portavoz del Servicio, Zach Kahler, confirmó que los nuevos controles buscan "fortalecer la verificación y el análisis de antecedentes" mediante un acceso ampliado a registros criminales. Aseguró, no obstante, que los retrasos en la emisión de decisiones "deberían ser breves".
Impacto en solicitudes de inmigración
Las revisiones reforzadas afectarán principalmente a solicitudes que requieren huellas dactilares, como las de residencia permanente, naturalización y peticiones de patrocinio familiar o de prometidos.
Esta política forma parte de un endurecimiento más amplio del sistema migratorio impulsado por la actual administración desde su regreso al poder en 2025. Entre otras medidas, se han incrementado los controles sobre la actividad en redes sociales de los solicitantes, buscando evidencia de posturas consideradas "contrarias a los valores del país".
Asimismo, el gobierno ha ralentizado o suspendido múltiples procesos migratorios, incluyendo una pausa en ciertos casos de asilo y la congelación de solicitudes provenientes de 39 países incluidos en una proclamación presidencial conocida como "prohibición de entrada por motivos de seguridad nacional".
Organizaciones de derechos humanos y grupos civiles han criticado estas políticas, alegando que podrían vulnerar el debido proceso y la libertad de expresión, además de generar un entorno de incertidumbre para los inmigrantes, especialmente aquellos pertenecientes a minorías.
El gobierno, por su parte, defiende que estas acciones son necesarias para reforzar la seguridad interna y reducir la inmigración irregular en Estados Unidos.
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