Grupos alertan de pérdida millonaria en Florida por veto a indocumentados en universidades
El Florida Policy Institute estima que, tan solo la norma propuesta para 'colleges', que suelen enfocarse en pregrados costará al sistema unos 15 millones de dólares en matrículas
EFE
Organizaciones defensoras de inmigrantes en Estados Unidos y estudiantes advirtieron este jueves de que la próxima prohibición de indocumentados en las universidades públicas de Florida causará pérdidas millonarias al estado y cerrará la puerta a decenas de miles de jóvenes que crecieron allí.
Las agrupaciones tacharon de "perniciosas" dos normas que avanzan en Florida para vetar a indocumentados: una avalada hace una semana por la Junta de Gobernadores de las 12 universidades públicas del estado y otra aprobada el martes por la Junta Estatal de Educación de los 28 colegios superiores ('colleges') floridanos.
El Florida Policy Institute estima que, tan solo la norma propuesta para 'colleges', que suelen enfocarse en pregrados, costará al sistema unos 15 millones de dólares en matrículas y tasas perdidas de jóvenes inmigrantes, dijo en una conferencia virtual su analista sénior de políticas, Alexis Tsoukalas.
- "No solo es innecesaria, sino que es dañina para las metas de educación superior del estado y para su presupuesto, y probablemente sea ilegal también", afirmó Tsoukalas, quien recordó que el Comité Conjunto de Procedimientos Administrativos del Legislativo envió una carta que cuestiona la legalidad de la norma.
Las reglas, que aún deben pasar por más trámites y consultas antes de concretarse, afectarían a más de 49.000 estudiantes indocumentados que cursan educación superior en Florida, donde unos 8,000 jóvenes sin estatus legal se gradúan cada año de secundaria, según datos del portal Higher Ed Immigration Portal.
Florida contra la educación a migrantes
Los estudiantes indocumentados pueden matricularse hasta ahora en las universidades públicas de Florida, el tercer estado con más inmigrantes sin papeles de Estados Unidos, un estimado de 1.6 millones, según el Pew Research Center.
Pero dichos alumnos no tienen acceso a ayuda financiera federal y enfrentan restricciones que se han endurecido en los últimos dos años, como el haber perdido el derecho a pagar en las universidades la tasa preferencial para los residentes del estado ('in-state tuition') pese a haber vivido ahí desde su infancia.
AJ Hernández Anderson, directora legal adjunta para la justicia de los inmigrantes del Southern Poverty Law Center, calificó las próximas prohibiciones de "perniciosas", al denunciar que excluirán en la práctica a miles de estudiantes y privarán al sistema público de millones de dólares que necesita para sostenerse.
Tsoukalas advirtió, además, de que la matrícula de los 'colleges' lleva años en descenso y de que el veto aleja la meta estatal 'Sail to Sixty', que aspira a que el 60 % de los floridanos en edad de trabajar tengan un título o una credencial de valor en 2030.
Luisa Santos, miembro de la junta escolar del Condado de Miami-Dade, contó que fue indocumentada durante parte de su educación y que, gracias al sistema público, llegó a la Universidad de Georgetown, creó una empresa y obtuvo la ciudadanía.
"Si estas normas hubieran existido cuando yo era estudiante, nada de eso habría sido posible", consideró.
En tanto, Alexander Villalobos, estudiante de Informática de la Universidad de Florida Central, apuntó que las propuestas "envían un mensaje doloroso a los jóvenes que lo hicieron todo bien".
"Les dicen que su esfuerzo no basta y que sus sueños no valen nada", lamentó el alumno, quien llegó a Estados Unidos y retrasó dos años su graduación tras perder la matrícula preferencial estatal ('in-state' tuition) y su beca.
Felipe Sousa-Lazaballet, director ejecutivo del Hope CommUnity Center, indocumentado durante 15 años tras llegar de Brasil, dijo que la decisión definirá si la educación es "una escalera de oportunidades o una puerta cerrada" a los vecinos del estado.
Los convocantes subrayaron que el proceso normativo sigue abierto y llamaron a participar en los periodos de discernimiento público que continúan ahora, porque, en palabras de Katherine Leiva, directora ejecutiva de Engage Miami, "todavía hay tiempo para que el poder de la gente prevalezca".
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