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Leyes de Arizona no evitan que propietarios desalojen a madres latinas

El reportaje cuenta la historia de dos mujeres que no pudieron pagar la renta y las desalojaron

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Leyes de Arizona no evitan que propietarios desalojen a madres latinas
Una familia posa para foto en la puerta de su apartamento rentado. (AP)

A Roxana Figueroa y Yolanda Cruz, ambas madres de cinco hijos, el coronavirus las ha dejado sin trabajo y ahora también sin su vivienda. No pudieron pagar la renta y las desalojaron a pesar de que las autoridades de Arizona intentan disuadir a los propietarios para que no lo hagan en plena pandemia.

Estas dos mujeres latinas son dos ejemplos de los miles de personas que se han visto golpeadas por la pandemia, que las han dejado con deudas que duplican el valor de su alquiler y la búsqueda de una nueva vivienda y todo en medio de la crisis epidemiológica.

Verónica Monge, presidenta de la organización Campaña de los pobres en Arizona, dijo a Efe que los inmigrantes están sufriendo desalojos, ya que muchos de ellos carecen tienen documentos, recursos legales e incluso cuentas bancarias, por lo que son más vulnerables a ser víctimas de abusos por parte de los arrendadores.

Casos en las cortes

Figueroa denunció que al propietario de la vivienda en la que vivía no le importó la carta que le presentó en la que se indicaba que tenía empleo hasta el momento de llegar la crisis laboral que ha suscitado el coronavirus y la llevaron a la corte.

La inmigrante salvadoreña perdió y además de pagar la renta atrasada debe afrontar además el costo de los abogados y los servicios de la corte.

Figueroa, madre de hijos de entre 2 y 14 años, afronta sola su precaria situación económica ya que su esposo fue deportado y a ella la suspendieron de sus labores como cocinera en un restaurante a causa del coronavirus.

“Llevé la carta de mi empleador que tenía un mes y medio sin trabajar, pero el juez me pidió que me arreglara con la arrendataria en los pagos, yo le di por escrito las fechas que le puedo pagar, pero ella quiere que le pague ya, hasta dijo que me cambiará la chapa de la puerta”, explicó a Efe.

Cuando la pandemia estaba empezando a azotar Arizona el gobernador, Doug Ducey, emitió una Orden ejecutiva que retrasa los desalojos y ejecuciones hipotecarias en Arizona hasta el 31 de mayo de 2020 para las víctimas del coronavirus, ya sea por caer enfermos o perder el empleo.

Decreto de acción limitada

Pero a pesar del decreto, hay casos como el de Michelle Noriega, una madre soltera con un niño de 2 años, quien denunció que fue sacada del departamento por el arrendador.

El abogado Carlos Slack indicó a Efe que la medida firmada por Ducey no puede detener al dueño de la propiedad a proceder por medio de una acción legal para desalojar a un inquilino.

“Por lo regular las cortes dan cinco días para que se salgan de la propiedad, sino lo hacen mandan al alguacil para que desaloje a las personas físicamente. En este caso es donde podría aplicar la orden ejecutiva, por medio de no llevar a la autoridad a la vivienda, pero la presión es mucha para los inquilinos”, aseguró.

Lamentó que cada corte decide por su cuenta cómo aplica la orden ejecutiva y podrían demandar al arrendador, pero es un proceso “largo y costoso”.

Suerte similar corrió Cruz, quien fue desalojada a mediados de abril por atrasarse siete días con el pago de un mes de renta (750 dólares) por quedar destemplada por el coronavirus al perder también su caso en la corte.

Drama familiar

La mexicana es madre de cinco hijos de entre 17 y 7 años, y su hijo mayor fue baleado recientemente y apenas acaba de salir de cuidado intensivo.

A pesar de que el joven necesitaba terapia en casa, el arrendatario la desalojó, incluso cuando ella ya contaba con el dinero para pagar la renta.

“Tenía el dinero, lo había conseguido por medio del consulado y por préstamos de amigos. Le pedí solo un día más, no estaba atrasada ni con un mes, y se enojó y me gritó que las leyes los amparan a ellos como negocios”, explicó la mujer, que limpia casas y debido a que tenía que ir al hospital a ver a su hijo en coma, le suspendieron el trabajo por temor a contagiar a los clientes.

Cruz, cuyo esposo también fue deportado, tuvo que dejar la vivienda con lo más esencial, dejando atrás incluso varios muebles.

Una amiga le ayudó a rentar un cuarto de hotel, donde paga 30 dólares al día, mientas intenta encontrar un nuevo hogar y recuperar una cierta normalidad en su vida.

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