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Coral y Coral 5G
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Ministerio Público dice imputados en Coral y Coral 5G no han podido contrarrestar expediente acusatorio

Órgano persecutor confía en que los encartados sean enviados a juicio de fondo

Jueza recesó la audiencia preliminar para el viernes 14 de abril

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Ministerio Público dice imputados en Coral y Coral 5G no han podido contrarrestar expediente acusatorio
Jonathan Elías Pérez Furcal, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). (FUENTE EXTERNA)

Para el Ministerio Público las defensas de Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), imputados en Operación Coral, continúan sin poder contrarrestar la acusación presentada por el Ministerio Público.

“Las defensas pueden pararse ahí y decir lo que ellos entiendan, es su derecho argumentar lo que quieran, sin embargo la realidad es que ninguna de las argumentaciones que trajo hoy, solamente fueron palabras, pudieron contrarrestar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y que, eventualmente, demostrarán en un juicio, cuando estemos en esa etapa, que Único Real Estate, Rossy Guzmán y Tanner Flete, son parte de esta estructura de lavado de activos, que era dirigida por Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Rubio y Alejandro De Aza”, dijo el fiscal Jonathan Elías Pérez Furcal, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),  

Pérez Furcal, quien habló a la prensa tras su salida de la audiencia de este lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, reiteró que la solidez del expediente presentado por el órgano acusador supera cualquier duda que quieran sembrar las defensas sobre la participación de estos imputados en esta red de corrupción.

“La realidad es que ninguna de las argumentaciones que utilizó tienen ningún efecto con relación a la acusación del Ministerio Público, que ciertamente es una acusación sólida, más allá de cualquier duda”, afirmó el miembro del Ministerio Público.

Pérez Furcal, quien estuvo acompañado en la audiencia por la procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y de los también fiscales Marinel Brea y Melbin Romero Suazo, aseguró que el proceso será llevado a juicio, donde será demostrada la validez de cada una de las imputaciones que el Ministerio Público ha presentado.

“Lo veremos en etapa de juicio, porque nosotros sabemos que tendrá una apertura en esta etapa, que es lo que corresponde”, indicó el fiscal en una nota de prensa en la que también indica que el proceso que se encuentra en proceso preliminar.

El documento refiere que la jueza Yanibet Rivas Méndez, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, recesó para el próximo viernes 14 de abril, a las 9:00 de la mañana la continuación de la audiencia preliminar del caso Coral y Coral 5G.

La audiencia se conoce por razones de espacio en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Los imputados

En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la presunta red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.

Entre los acusados de la Operación Coral, además de Cáceres Silvestre, también figuran Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados, además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

De acuerdo a la entidad, el supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

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