Abogados buscan que pleno de la Suprema revoque decisión que rechazó recusaciones contra jueces
Argumentan que hay una inconstitucionalidad de los magistrados que decidieron estando impedidos
Wander Santana
La barra de defensa de los imputados en el juicio por los sobornos de Odebrecht, insisten en que hay una inconstitucionalidad en la decisión que tomó el Pleno de rechazar las recusaciones en contra del presidente de la Suprema Corte de justicia, Luis Henry Molina, y de otros cuatro magistrados. Por eso esta semana buscan que el dictamen sea anulado.
Los abogados aseguran que el pleno de jueces incurrió en una inconstitucionalidad al haber tomado decisiones estando recusados y plantean que las decisiones tomadas no son válidas, por lo que este miércoles cuando se reanude la audiencia discutirán la cuestión frente al tribunal.
Se recuerda que la semana pasada cinco jueces fueron recusados y la estrategia utilizada por el Pleno para no afectar el quórum de jueces contemplados por la ley, consistió en conocer por separado la recusación del presidente Luis Henry Molina Peña, para luego continuar con el juez Napoleón Estévez Lavandier y concluir en un mismo momento lo referente a Francisco Jerez Mena, Frank Soto Sánchez y Vanessa Acosta.
Durante la audiencia que se realizó el pasado jueves, los abogados explicaron que “la recusación significa que el juez debe abstenerse de participar en todo acto procesal y que las decisiones tomadas a pesar de la recusación son defectuosas”.
“La Suprema Corte de Justicia utilizó un método que efectivamente violentó todo lo que tiene que ver con el juez imparcial y el debido proceso. No podía un juez recusado tomar ni una decisión más. Eso es imposible en derecho. Si se produce una recusación inmediatamente el juez se tiene que apartar”, argumentó en el tribunal el abogado Miguel Valerio, defensor del Víctor Díaz Rúa.
Motivos de las recusaciones
Algunos de los abogados en el caso habían solicitado el apartamiento del presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, por su supuesta vinculación con el imputado Tommy Galán, senador por San Cristóbal y con quien el actual presidente trabajó en una campaña política en 2016.
Al rechazar esta recusación el Pleno motivó mencionando que en una sentencia del Tribunal Constitucional se establece que “la antigua pertenencia a un partido político no solo es compatible con el desempeño de la función jurisdiccional sino que constituye una experiencia que puede enriquecer la jurisprudencia, por ello ni la Constitución ni la ley pueden impedir legítimamente que un juez tenga su correspondiente ideología política, lo que sí puede evitar es que participe en actividades partidarias”.
Wander SantanaPeriodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.
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