La capitalización dejó huellas de hambre y desempleo en los bateyes

Santo Domingo. "Desde que esa gente cogieron el ingenio aquí estamos pasando hambre. Antes, cuando esto era del Gobierno había trabajo y estábamos mejor, pero ahora si acaso aparece para hacer un moro con espaguetis", se queja Elsa María González, una señora de 60 años, que reside en el batey Central de Barahona.

En el Batey Naranjo, de San Luis, José Santos utiliza el patio de su pequeña casa de hojalata y piso de tierra para recolectar semillas de ajonjolí. Por cada libra recibirá 50 pesos con los que podrá comprar algo de alimento, pero la venta es lenta, según dice y, con suerte, podrá conseguir unos 100 pesos a la semana.

"Llegue de Haití en 1986 a trabajar como bracero. Para entonces se ganaba poco, pero había trabajo, ahora no hay nada, ni trabajo, ni dinero", dice el señor de 57 años, que todavía se aferra al carnet de empleado que recibió entonces, con la ilusión de que en cualquier momento le pueda ser de utilidad.

El 21 de junio de 1999, cuando todavía la población se afanaba en incluir en su vocablo el nuevo concepto "capitalización", la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) publicó un comunicado para exponer las bondades sociales del proceso de reforma.

Aquel comunicado, en la parte que concernía al arrendamiento de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), hablaba de pago de prestaciones laborales, un plan para definir el estatus de los ocupantes de las viviendas en las zonas cañeras, capacitación técnica para los trabajadores y todo un programa social para beneficiar a los bateyes.

Hoy, ocho años después, la realidad que envuelve a los moradores de estas zonas, sobre todo en los 220 bateyes que bordean los predios cañeros del CEA, contrasta mucho con los beneficios que se anunciaron.

El hambre, el desempleo y una miseria generalizada es cuanto se observa en estos bateyes, sean del Norte, del Sur o del Este, las tres regiones donde se encuentran los diez ingenios del CEA que fueron arrendados y que en su mayoría se encuentran fuera de operación. La situación de pobreza que arropa a estas personas, los tiene convencidos de que lo mejor era que todo se quedara como estaba antes de la firma de los contratos de arrendamiento.

En el Batey 5, de Barahona, Altagracia García extiende su mano al primer forastero que se le acerque. Pide para comer.

"Antes hacía comida para vender a los trabajadores, pero ahora estoy enferma y sin nada, y lo poco de dinero que aparece ya lo tienes que pagar. Antes, cuando estaba el Gobierno (en el ingenio) era diferente, pagaban más", recuerda la señora de 55 años, aunque en apariencia mayor.

El ingenio Barahona es el único de los capitalizados que mantiene su contrato original y que fue adjudicado al consorcio Azucarero Central, a cambio de una renta básica anual de 1 millón 805 mil dólares. Se encuentra en la actualidad en proceso de reparaciones de sus maquinarias para la zafra azucarera que se inicia a finales de este año.

Según las firmas que auditaron este ingenio en abril del 1998, antes de la capitalización, la empresa sufría pérdidas recurrentes en sus operaciones, acumulando una deficiencia de capital. Sus pasivos totalizaban unos 266 millones 807 mil 280 pesos, sus activos corrientes apenas llegaban a los 34 millones 699 mil 431 pesos.

Aunque el ingenio no molió el año antes de su capitalización, en la zafra 96-97 logró producir unas 22 mil 213 toneladas cortas de azúcar.

De acuerdo con sus actuales administradores, a partir del 2001 en este ingenio se hicieron innovaciones tecnológicas que lograron optimizar su producción, pasando de unas 23 mil 7 toneladas de azúcar durante la zafra 2002-2003, a 50 mil 39 toneladas durante el período 2006-2007.

No obstante la recuperación del ingenio, son muchos los empleados y residentes de sus alrededores que prefieren que la compañía vuelva a manos del Estado.

Oscar Luis Altañez, de 27 años, asegura que después de los arrendamientos trabajó durante tres años y medio como soldador del ingenio Barahona, labor por la que recibía un pago mensual de 6 mil 600 pesos.

"Yo dejé de trabajar porque ahí maltratan mucho a los trabajadores, y cuando llega el momento de uno reclamar su derecho, le hablan mal y le ponen a trabajar día de fiesta y no le pagan el dinero o le pagan menos", dice.

Cuenta que abandonó su trabajo porque le pusieron a reparar una puerta de vagón que tenía que terminar en un día y que si no lo hacía, le rebajaban el sueldo de la jornada completa. "Entonces decidí irme a mi casa, porque no lo podía hacer en un sólo día".

Ahora desempleado, este joven añora los tiempos del CEA, porque según dice "cuando estaba en manos del Gobierno era otra cosa, todo el mundo comía. Incluso los que no trabajaban tenían sus botellitas y cobraban, y había muchos empleados, pero ahora en donde había 100 gente solo hay 50".

Por el contrario, Luis Henriquez, un señor de 45 años y que lleva 15 trabajando en la zona cañera, prefiere "a pesar de todo" a los "guatemaltecos". "Es verdad que antes se pagaba más, pero esto era casi todo monte y esta gente (el consorcio) ha sembrado caña donde el Gobierno no lo hacía", dice mientras remueve unos rieles para asegurar que estén en condiciones al momento en que vuelvan a cruzar los vagones que transportaran la caña de la próxima zafra.

Los ingenios de Cañabrava

El 29 de febrero del 2000, el consorcio agroindustrial Cañabrava firmó los contratos de arrendamiento de los ingenios Montellano y Amistad, por los que debía pagarle una renta anual al Estado de 450 mil dólares.

Según los términos de los contratos, el arrendatario debía "realizar las inversiones necesarias para rehabilitar los ingenios, modernizarlos e incluso construir nuevas instalaciones y adquirir equipos y procesos técnicos para alcanzar los estándares de calidad y rendimiento tanto en el campo como en la fábrica".

Sin embargo, desde su arrendamiento el ingenio Amistad no volvió a moler y sus cañas fueron trasladas a Montellano, supuestamente para reducir costos. Este último está paralizado desde el 2005.

"Cañabrava sólo vino a destruir. Se llevó todo el ingenio, equipos, maquinarias, todo. Míralo, que sólo queda el caparazón", dice Pedro Alcántara, señalando la deteriorada estructura en hierro que queda del Amistad, localizado en la comunidad de Pérez, en Imbert, Puerto Plata.

Al igual que Alcántara, el presidente de la Junta de Vecinos de esa comunidad, José Espinal, asegura que "cuando el CEA traspasó el ingenio Amistad a Cañabrava fue cuando comenzaron los problemas de esta comunidad".

"Ese arrendamiento lo hemos catalogado como la miseria más grande que ha pasado por aquí, porque la industria azucarera cayó en el más grande de los retrasos y con ella se atrasó la vida de todos", apunta. Sostiene que cuando Amistad funcionaba, allí laboraban más del 90% de los residentes de Pérez, y que los habitantes de todas las comunidades vecinas se desplazaban hasta el ingenio a trabajar.

"Pero ahora somos nosotros los que tenemos que emigrar para no morirnos de hambre aquí, porque no hay otra fuente de empleo", agrega.

En el batey Pancho Mateo, de Montellano, Dioni Camilo observa una partida de dominó. Acostumbrado desde hace 15 años a atibar la caña en esos predios, ahora debe matar el tiempo en "nada", según dice. Al igual que los otros hombres que revolotean sus fichas en una pequeña mesa improvisada en el patio, sólo le queda esperar a que llegue una oferta de limpieza de algún cañaveral. "Casi no aparece nada que hacer. Como la caña ya no se muele, la gente no quiere limpiarla. Uno vive de lo que aparece, a veces", dice.

Alexis Gómez Vásquez era secretario general de antiguo sindicato de Empleados y Obreros del ingenio Montellano, gremio que desapareció con la capitalización. Vásquez asegura que tanto él como algunos de sus compañeros de entonces han hecho ingentes esfuerzos para que el Gobierno asuma la zafra de Montellano. Aprovecha el momento para pedir al presidente Leonel Fernández que tome en cuenta la situación de todos ellos y comience una zafra, para que su comunidad tenga algo que hacer.

"Siempre nos opusimos a la privatización de los ingenios porque estabamos convencido de que no traería resultados positivos, ni al ingenio, ni a la comunidad. Una vez vino y se pudo ver el fracaso que constituyó", dice.

Vásquez recuerda que al momento de la capitalización en Montellano había unos tres mil empleados que quedaron cesantes luego de su arrendamiento. En total, eran unos 29 mil los empleados del CEA al momento de la capitalización, de los cuales sólo quedaron en nómina unos 48, más otros 868 en su oficina principal, según datos de la CREP.

Según el informe de esa entidad, para la época en que se hace el arrendamiento del CEA, en el año 2000, el consorcio había bajado su producción de 7.5 millones de toneladas de caña en la década de los 80, a unos 3.5 millones de caña de baja calidad.

Un informe de auditoría patrimonial al 30 de junio de 1998, preparado por la firma Chalas Mancebo y Asociados y publicado en las Memorias de la CREP 97-2000, indica que el CEA había acumulado un déficit financiero de unos 200 millones de dólares. Sus pasivos ascendían a unos 115 millones de dólares, mientras su capital rondaba los 76 millones de dólares. Sólo en la zafra 96-97 el Estado debió otorgarle a ese consorcio un subsidio de unos 700 millones de pesos aproximadamente.

En el Este

Úrsula Mejía, tiene un pequeño negocio frente al ingenio Consuelo, en San Pedro de Macorís. "Antes esto (su negocio) se manejaba mejor, pero ahora está en el suelo, ya estoy vendiendo el local, porque no consigo ni la comida".

"Antes –prosigue Úrsula- la gente entraba y salía del ingenio y yo les vendía verduras, fritura, pero ahora tuve que dejar de vender eso porque se me podría sin que nadie lo comprara. Si este ingenio no vuelve a funcionar nos caeremos muertos".

En el Batey El Blanco, de Boca Chica, vive Lui Yesel, un señor de 72 años, que asegura subsiste por la caridad de los vecinos. "Yo trabajaba picando caña y me pagaban una tontería que no vale la pena, pero para el pobre, eso era mejor que nada. Ahora ya no trabajo porque estoy enfermo. Como de lo que me dan los vecinos, y Los Morenos (una familia de colonos de la zona), que si no fuera por esa gente estaríamos muertos todos aquí".

La situación no es diferente en el batey Canotillo, del ingenio Quisqueya, también en San Pedro de Macorís.

"Aquí levantarse por la mañana y acostarse en la noche es lo mismo, si se encuentra un pedazo de caña para comer es mucho y lo único", exclama César Nelson, de 62 años.

Él, al igual que los demás residentes del batey, se queja de que todavía no se le haya pagado la última zafra que trabajaron para el ingenio Consuelo y que culminó en julio pasado.

"Son más de 50 personas que trabajaron la zafra para el Consuelo y no se le han pagado. Nos dieron unos recibos, que están todos en los colmados, pero ya no nos fían más, porque quieren su dinero. Aquí es un cable que nos estamos tragando", dice Hipólito García Inocencio, dirigente comunitario de Canotillo.

No obstante, Jimmy García, del Consorcio Etanol, que tiene arrendando este ingenio, niega que tenga deudas con obreros. Los ingenios Río Haina, en Haina, Ozama, en esta capital, Boca Chica, en el municipio del mismo nombre, Santa Fe, Porvenir, Consuelo y Quisqueya, en San Pedro, completan los ingenios arrendados en el período 99-2000. De estos, Porvenir está funcionando en la actualidad en manos del Estado, que lo puso en operación en el 2006, luego de que le fuera retirado al Consorcio Pringamosa, que también tenía el Santa Fe.

Los cinco restantes se arrendaron a Impulsora Azucarera del Noroeste, de capital mexicano, que al poco tiempo fracasaron. Luego de varios intentos de arrendamientos, en el ingenio Consuelo se logró hacer una pequeña zafra este año a manos del Consorcio Etanol, pero la empresa está en proceso de devolución del mismo, luego que el CEA lo pidiera para entregarlo a otros productores de caña.

Roberto Santana clama por el trabajo perdido en el ingenio Boca Chica

Roberto Santana Crispín trabajó desde 1986 en el batey Boca Chica, pero quedó cesante al momento de la reforma. Luego de muchas diligencias logró recuperar su puesto como vigilante en el ingenio, pero volvió a ser despedido. "Dicen que nos cancelaron para reducir costos porque ya el ingenio, desde que lo agarraron esos mexicanos, no volvió a funcionar igual", afirma.

Ahora, Santana va a diario a los barrotes de aquella puerta que por tantos años cuidó y desde ella espera a que el nuevo capataz, Marcelino Reynoso, lo vuelva a reponer en su antiguo trabajo. "No es que paguen mucho, pero yo prefiero un trabajito en el ingenio porque no aparece nada más que uno pueda hacer", dice.