Autoridades buscan fomentar acciones para proteger derechos de niños y adolescentes
Conani y la SCJ trataron temas como la adopción y el fortalecimiento del sistema de justicia juvenil
Diario Libre
Los procedimientos de los tribunales para las actas de nacimiento tardías, procesos de adopción y el fortalecimiento del sistema de justicia juvenil restaurativo, fueron algunos de los temas tratados este jueves por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y la presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ana Cecilia Morun.
El encuentro entre ambos funcionarios se concretizó para fomentar acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
La Suprema Corte de Justicia y Conani trataron, además, el fortalecimiento de la Comisión de Ejecución de la Justicia de niños, niñas y adolescentes, el acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y las entrevistas forenses, de acuerdo a un comunicado de prensa.
Resaltaron la necesidad de incrementar e impulsar esfuerzos para ampliar el espectro de acción, de forma que disminuyan la ocurrencia de situaciones lesivas al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, creando mecanismos eficientes y oportunos que impacten en el Sistema de Protección Integral del cual el Poder Judicial es el principal eslabón de la responsabilidad judicial efectiva.
Durante el encuentro, Molina destacó la importancia de trabajar para buscar las soluciones alternativas y necesarias que permitan agilizar los procesos que afectan a esta población vulnerable, garantizando desde el Poder Judicial una justicia al día.
La presidenta ejecutiva del Conani, Ana Cecilia Morun Solano, explicó la necesidad de estandarizar los procesos para su mejor eficiencia y propuso una mesa de trabajo para buscar las mejores salidas, desde el punto de vista legal y técnico.
El Poder Judicial sostuvo que tiene como misión “garantizar los derechos de las personas, de forma oportuna y eficiente, a través de una administración de justicia que favorece la convivencia pacífica, en el marco de un estado social y democrático de derecho”, con el fin de dar continuidad a la prestación de los servicios esenciales que por su naturaleza ameritan ser resueltos sin demora, en especial los que implican atención a personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos.
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