Abel Martínez declara el 2021 como año de “consolidación de la ética y la transparencia”
La declaratoria fue realizada mediante la disposición ejecutiva municipal 019/2020
El alcalde de Santiago, Abel Martínez, declaró el 2021 como año de la “Consolidación de la Ética, la Transparencia y la Integridad Institucional”.
La declaratoria fue realizada mediante la disposición ejecutiva municipal 019/2020 y resalta que el municipio de Santiago se ha convertido en referente nacional de un modelo de administración caracterizado por la eficiencia en todos los servicios que ofrece a sus munícipes, ocupando lugares cimeros en los organismos que vigilan la transparencia, calidad del gasto y la ejecución presupuestaria.
Además, establece que, en consonancia con las aspiraciones de la sociedad dominicana y que es tendencia mundial, el servidor público debe observar los más elementales principios éticos, a fin de garantizar y promover el más alto grado de honestidad y moralidad en el ejercicio de las funciones del Estado.
Destaca que la transparencia se traduce como la ejecución diáfana de los actos del servicio e implica que éstos tienen, en principio, carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona y sobre la integridad, la define como la conducta humana considerada reflejo de probidad y entereza, componentes de la personalidad distinguida.
En otro considerando de dicha disposición, el alcalde Abel Martínez expresa que camino a la transformación total de esta entidad edilicia, ha decidido que las actuaciones de su administración y colaboradores, así como la calidad del servicio que ofrece debe estar pautada por la ética, transparencia, integridad, justicia y equidad, honestidad, eficiencia, cortesía, disciplina, decoro, honradez, lealtad y vocación de servicio.
Para sustentar la declaratoria, Martínez se ampara en Constitución de República Dominicana del 13 de junio de 2015, en la ley 120-01, que instituye el Código de Ética del Servidor Público, la ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, del 17 julio del 2007 y el decreto 486-12, que creó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).