Agricultores de la región Norte temen se les prohíba sembrar tabaco rubio

De ser adoptada la legislación, los agricultores de tabaco rubio de las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez y Santiago se quedarían sin sustento

Foto de archivo de Ana Peguero

SANTO DOMINGO.- El tabaco rubio (Burley) es el sustento de muchas familias dominicanas que se dedican al cultivo de esta hoja. Sin embargo, este sostén está en riesgo debido a una legislación canadiense que podría ser adoptada por el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (FCTC).

De adoptarse la legislación canadiense como modelo, se prohibiría "de facto" todos los cigarrillos que contienen el tabaco Burley. La preocupación por esta medida y sus implicaciones arropa no sólo a los productores de tabaco, sino también a sus familias, que dependen del cultivo de esta hoja para subsistir.

"Quedaríamos con los brazos cruzados, pues nos dejarían de comprar la hoja al no poder utilizarla para fabricar cigarrillos", explica Griselda Valle, productora de tabaco Burley de La Canela.

Ludovino Díaz, productor de la comunidad La Canela, quien por más de 20 años se ha dedicado al cultivo de tabaco rubio, explicó que tanto él como sus colegas están alarmados y seriamente preocupados.

"No podríamos cosechar la hoja que por tantos años nos ha dado de comer", comenta.

Por esto, han enviado comunicaciones a todas las instancias correspondientes manifestando su preocupación por esta situación. El Gobierno dominicano actuó al conocer su situación y expresó formalmente su oposición a esta ley canadiense ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Los productores esperamos que el Gobierno dominicano continúe protegiendo a las miles de familias que dependemos de la siembra del tabaco Burley para subsistir", comenta Juan de Dios Taveras.

La idea de prohibir el uso de varios ingredientes incluidos en los cigarrillos mezclados (blended) que utilizan la hoja Burley nació en Canadá, país donde no se siembra ni se consume este tipo de cigarrillos, por lo que la legislación no implicaría ningún problema de ingresos tanto para las familias canadienses ni para las recaudaciones del Estado por concepto de impuestos.