Castro Silverio responsabiliza por infiltración de diputados en narco a JCE y al Ministerio Público

El diputado reformista Máximo Castro Silverio afirmó este martes que la infiltración de personas ligadas al narcotráfico en los cargos electivos, como los legisladores, no es solo responsabilidad de los partidos políticos, sino de la Junta Central Electoral (JCE) y el propio Ministerio Público, que tiene que cumplir con su rol de fiscalizar a los candidatos.

Consideró que es algo conocido por muchos que hay una gran cantidad de candidatos que han ganado sus cargos electivos a base de una inversión grande de dinero y otros que ganan, como él lo hizo, en base a su liderazgo.

“Aquí se están acusando a los partidos, pero los partidos no es que tienen toda la culpa, la tiene la Junta Central Electoral, la tiene el Ministerio Público que da el certificado de buena conducta de personas que realmente no califican para ser candidatos”, expresó.

El exvocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) recordó que esos estamentos del Estado deben ser el filtro para evitar que situaciones como las que se han evidenciado en la Operación Falcón y otros casos de narcotráfico se sigan registrando.

Recordó que el Ministerio Público entrega los papeles de buena conducta, que es uno de los requisitos para postularse en un cargo electivo. Por otro lado, recordó que la JCE tiene que hacer una investigación de los candidatos a cargos electivos.

Por otro lado, el diputado peledeísta por San Cristóbal, Sócrates Pérez aseguró que no todos los congresistas han ganado en base a “dineros ilícitos” y destacó que él es de un municipio muy pobre y casi no gastó dinero en su campaña electoral.

Pérez es nativo de Cambita Garabito, de la provincia de San Cristóbal.

Afirmó que la JCE debe “filtrar” a los candidatos para que, si investigan que tienen un “pasado oscuro”, ligado al narcotráfico, no permitan que sean postulados por los partidos políticos.

Favorece también que sea eliminado el voto preferencial y se vuelva al sistema de listas cerradas para evitar que se produzca competencia desleal entre postulados idóneos y personas ligadas al crimen organizado u otros delitos.