"Desaparece la figura del Abogado del Estado"
A partir de la promulgación de la Ley, comienzan los grandes cambios en la Jurisdicción de Tierras
Santo Domingo. El Abogado del Estado pasará a la historia, cuando se haga realidad la aplicación de la Ley de Registro Inmobiliario, pendiente de promulgación. Este será sustituido por una Comisión Inmobiliaria. La situación ha originado grandes objeciones contra ese cambio. Antes de que se ponga la ley en vigencia, ya surgió la idea de una propuesta de reforma, que irá al Congreso. Además, el Catastro Nacional no tiene razón de ser, según lo expresado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge A. Subero Isa, durante una entrevista concedida a DL:
P.- Después de aprobada la Ley de Registro Inmobiliario, ¿Qué falta en la Jurisdicción de Tierras para completar su modernización?
R.– A pesar de que la aprobación de la Ley es un paso de avance extraordinario, en lo que respecta al aspecto legal, la estructura legal que necesitamos para que el proyecto camine sin tropiezos es innegable. Pero ese es un primer paso. A partir de la promulgación de la ley, que damos como un hecho que el Presidente la va a promulgar y que no va a ser sometida a la facultad constitucional de la observación, ya comienzan los grandes cambios en la Jurisdicción de Tierras.
Hasta ahora hemos trabajado con un marco legal que no ha sido necesariamente el más adecuado, porque ha sido conforme a la propia ley de Registro de Tierras, pero también conforme a las facultades reglamentarias que tiene la Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal de Tierras.
P.- ¿Cuáles son esos grandes cambios que se avizoran?
R.- Yo hago siempre un símil entre lo que han sido el cambio, el tránsito, esa migración del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, porque el cambio de manera fundamental va a ser cultural. Pero desde luego en la Jurisdicción de Tierras, por tratarse de la materia de que se trata no es un cambio de cultura, sino también un cambio de tecnología, porque nuestra Ley de Registro de Tierras solamente daba cabida para que se hicieran las cosas de manera muy artesanal.
No se tenía en cuenta la tecnología, la HT, no estaba todavía en los momentos de la formulación de esa ley, ni siquiera se señala con firmas digitales, no se pensaba en los modernos de procedimiento en medición, como son el GPS. Quizá la sorpresa mayor que van a tener los usuarios de la Jurisdicción de Tierras es la rapidez con que se van a adquirir los documentos. Pero el gran anhelo cumplido de la ciudadanía va a ser la seguridad jurídica.
P.- Se habla de una negociación para introducir un nuevo proyecto de reforma.
R.- A pesar de que el proyecto fue originario de la Suprema Corte de Justicia, con sus órganos técnicos, fruto de una consultoría a través del PMJT, ese proyecto lo hizo suyo el anterior presidente Hipólito Mejía, yo se lo llevé, le dio su beneplácito, inmediatamente lo sometió al Congreso Nacional. Y tuvo una buena recepción, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.
Una de las cosas que tiene la democracia es el libre juego y debate de las ideas, y no imponerle los criterios a los demás.
La Comisión de Justicia del Senado entendió que había algunos puntos que modificar, entre ellos y ha sido el que más problema ha ocasionado, es con respecto al Abogado del Estado. Desaparece la figura del Abogado del Estado para ser sustituido por una Comisión Inmobiliaria; en esa comisión estarán representados los tres poderes del Estado. Esa fue una de las grandes objeciones. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, no tenemos un criterio cerrado de que si se reintroduce un proyecto de ley que vaya a modificar eso en aspectos que no sean puntuales, o aspectos de tecnologías, que es lo que a nosotros nos interesa, no tenemos ningún inconveniente.
Pero, por ejemplo, al principio habían dos grandes sectores que no estaban totalmente de acuerdo, que eran los agrimensores y los intermediarios de bienes raíces.
Los agrimensores decían que la nueva tecnología le iba a afectar, los intermediarios de bienes raíces hacían algunos reparos. Sin embargo, eso se obvió y ya tanto el CODIA como la Asociación de Promotores de Viviendas (ACOPROVI) no han hecho ningún inconveniente.
Tengo mucha fe personalmente en el proyecto. La comisión de trabajo la dirigí personalmente yo, se depuró constantemente, pero sobre todas las cosas, un compromiso del Estado dominicano con el BID.
P: ¿Qué pasará con el Catastro Nacional en la Ley de Registro Inmobiliario?
R.- Lo que pasa es que el Catastro modernamente no tiene razón de ser. O sea, en la República Dominicana nosotros somos como muy dados a la dualidad de funciones. Usted se encuentra con el CEA y el Instituto Nacional del Azúcar.
Hay una dualidad siempre de funciones, entonces así ocurría con el Catastro Nacional. La Dirección del Catastro la está asumiendo hace mucho tiempo la Dirección de Mensuras Catastrales, con mejor equipo, con mejor tecnología. Pero tampoco es una situación cerrada, de parte de nosotros. Es más, originalmente habíamos concebido un edificio separado para Catastro, con los recursos del PMJT.
Al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y al PMJT lo que le interesa es que la Ley se promulgue y se aplique en toda su extensión y nosotros garantizamos que dentro de poco tiempo podemos disfrutar de una excelente Jurisdicción de Tierras.
P.- ¿Un nuevo proyecto de reforma debe ser hecho con previa consulta a la Suprema?
R.- Creo que sí, y debo hacer un señalamiento y un reconocimiento: desde hace cierto tiempo las relaciones entre el Congreso y la Suprema Corte son inmejorables. Quiero que usted sepa que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, para crear un juzgado de paz en cualquier distrito municipal o en cualquier municipio, se toma en consideración y se le solicita su opinión a la Suprema Corte. O sea, que yo presumo de que llegada la ocasión nos van a llamar para pedirnos opinión en un sentido u otro.
El Catastro modernamente no tiene razón de ser. O sea, en la República Dominicana nosotros somos como muy dados a la dualidad de funciones. Usted se encuentra con el CEA y el Instituto Nacional del Azúcar".
Hasta ahora hemos trabajado con un marco legal que no ha sido necesariamente el más adecuado, porque ha sido conforme a la propia ley de Registro de Tierras, pero también conforme a las facultades reglamentarias que tiene la Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal de Tierras.
P.- ¿Cuáles son esos grandes cambios que se avizoran?
R.- Yo hago siempre un símil entre lo que han sido el cambio, el tránsito, esa migración del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, porque el cambio de manera fundamental va a ser cultural. Pero desde luego en la Jurisdicción de Tierras, por tratarse de la materia de que se trata no es un cambio de cultura, sino también un cambio de tecnología, porque nuestra Ley de Registro de Tierras solamente daba cabida para que se hicieran las cosas de manera muy artesanal.
No se tenía en cuenta la tecnología, la HT, no estaba todavía en los momentos de la formulación de esa ley, ni siquiera se señala con firmas digitales, no se pensaba en los modernos de procedimiento en medición, como son el GPS. Quizá la sorpresa mayor que van a tener los usuarios de la Jurisdicción de Tierras es la rapidez con que se van a adquirir los documentos. Pero el gran anhelo cumplido de la ciudadanía va a ser la seguridad jurídica.
P.- Se habla de una negociación para introducir un nuevo proyecto de reforma.
R.- A pesar de que el proyecto fue originario de la Suprema Corte de Justicia, con sus órganos técnicos, fruto de una consultoría a través del PMJT, ese proyecto lo hizo suyo el anterior presidente Hipólito Mejía, yo se lo llevé, le dio su beneplácito, inmediatamente lo sometió al Congreso Nacional. Y tuvo una buena recepción, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.
Una de las cosas que tiene la democracia es el libre juego y debate de las ideas, y no imponerle los criterios a los demás.
La Comisión de Justicia del Senado entendió que había algunos puntos que modificar, entre ellos y ha sido el que más problema ha ocasionado, es con respecto al Abogado del Estado. Desaparece la figura del Abogado del Estado para ser sustituido por una Comisión Inmobiliaria; en esa comisión estarán representados los tres poderes del Estado. Esa fue una de las grandes objeciones. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, no tenemos un criterio cerrado de que si se reintroduce un proyecto de ley que vaya a modificar eso en aspectos que no sean puntuales, o aspectos de tecnologías, que es lo que a nosotros nos interesa, no tenemos ningún inconveniente.
Pero, por ejemplo, al principio habían dos grandes sectores que no estaban totalmente de acuerdo, que eran los agrimensores y los intermediarios de bienes raíces.
Los agrimensores decían que la nueva tecnología le iba a afectar, los intermediarios de bienes raíces hacían algunos reparos. Sin embargo, eso se obvió y ya tanto el CODIA como la Asociación de Promotores de Viviendas (ACOPROVI) no han hecho ningún inconveniente.
Tengo mucha fe personalmente en el proyecto. La comisión de trabajo la dirigí personalmente yo, se depuró constantemente, pero sobre todas las cosas, un compromiso del Estado dominicano con el BID.
P: ¿Qué pasará con el Catastro Nacional en la Ley de Registro Inmobiliario?
R.- Lo que pasa es que el Catastro modernamente no tiene razón de ser. O sea, en la República Dominicana nosotros somos como muy dados a la dualidad de funciones. Usted se encuentra con el CEA y el Instituto Nacional del Azúcar.
Hay una dualidad siempre de funciones, entonces así ocurría con el Catastro Nacional. La Dirección del Catastro la está asumiendo hace mucho tiempo la Dirección de Mensuras Catastrales, con mejor equipo, con mejor tecnología. Pero tampoco es una situación cerrada, de parte de nosotros. Es más, originalmente habíamos concebido un edificio separado para Catastro, con los recursos del PMJT.
Al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y al PMJT lo que le interesa es que la Ley se promulgue y se aplique en toda su extensión y nosotros garantizamos que dentro de poco tiempo podemos disfrutar de una excelente Jurisdicción de Tierras.
P.- ¿Un nuevo proyecto de reforma debe ser hecho con previa consulta a la Suprema?
R.- Creo que sí, y debo hacer un señalamiento y un reconocimiento: desde hace cierto tiempo las relaciones entre el Congreso y la Suprema Corte son inmejorables. Quiero que usted sepa que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, para crear un juzgado de paz en cualquier distrito municipal o en cualquier municipio, se toma en consideración y se le solicita su opinión a la Suprema Corte. O sea, que yo presumo de que llegada la ocasión nos van a llamar para pedirnos opinión en un sentido u otro.
El Catastro modernamente no tiene razón de ser. O sea, en la República Dominicana nosotros somos como muy dados a la dualidad de funciones. Usted se encuentra con el CEA y el Instituto Nacional del Azúcar".