El Consejo del Poder Judicial designa 115 nuevos intérpretes judiciales en el país

SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) designó a 115 nuevos intérpretes judiciales, quienes prestarán servicios en distintos tribunales del país, dentro de las actividades propias que les faculta su rol de auxiliares de la justicia.

Según consta en la resolución No. 13-2014, la Escuela Nacional de la Judicatura formó parte del proceso de acreditación de los Intérpretes Judiciales designados.

De los seleccionados, 89 corresponden al idioma inglés, cuatro al francés, 15 al italiano, tres al portugués, uno al japonés, dos al mandarín y uno al creole.

Para desempeñar este rol, los nuevos intérpretes judiciales fueron previamente evaluados en sus respectivos idiomas por el Instituto Domínico Americano, la Alianza Francesa de Santo Domingo y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, instituciones académicas que acreditaron el dominio óptimo de los idiomas en los que prestarán sus servicios.

El CPJ basó la designación en virtud de la resolución No. 01/2013, sobre Intérpretes Judiciales de la República Dominicana.

Esta disposición establece que el intérprete judicial es el Oficial Público facultado por la ley para interpretar las expresiones en idiomas distintos al español, en el curso de las audiencias que celebren los tribunales nacionales o en el de las investigaciones que realicen los actores vinculados al Poder Judicial.

Asimismo, para traducir documentos presentados en justicia, en las diferentes materias en que se encuentra dividido el sistema jurídico.

Igualmente, estarán facultados para traducir oficialmente de un idioma a otro los documentos destinados a ser utilizados extrajudicialmente por las autoridades administrativas o judiciales, así como para llevar a cabo cualquier otro acto similar vinculado con la aplicación de las normas jurídicas en la República Dominicana.

Interpretes

El CPJ considera que con la designación de intérpretes judiciales en los diferentes idiomas, los Estados facilitan la comunicación de los ciudadanos, y contribuyen a garantizar la igualdad entre las personas, sin tomar en consideración el idioma en el cual cada uno de ellos exprese sus legítimas aspiraciones. Califican para ejercer la función todas aquellas personas que prueben competencia en un idioma distinto al español y viceversa, previa superación de las evaluaciones realizadas por la Escuela Nacional de la Judicatura.