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El Estado sólo procederá en contra de una empresa

La auditoría de la Cámara de Cuentas evidencia que tres empresas incumplieron sus contratos para amueblar edificio de la SCJ

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La auditoría dice que no entregaron todos los muebles
Sd. Aunque la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la terminación y amueblamiento del edificio de la Suprema Corte de Justicia, evidencia incumplimiento de contrato de por lo menos tres empresas, el Estado sólo procederá legalmente contra una.

La acción judicial afectará Bohenco, que preside Guillermo Bonnelly, ante la Tercera Sala de lo Civil y Comercial del Distrito Nacional, en cuyo caso actuará en representación del Estado, el abogado Julio Cury. A Bohenco se le atribuye solo haber entregado un 65% de los muebles contratados y pagados. Sin embargo, el experticio contable establece que la empresa A & S Construcciones y Servicios Integrados (CONSISA), también incumplió su contrato al instalar puertas de menor calidad a la presupuesta, cotizada y pagada.

Detalla que el contrato se realizó el 21 de diciembre del 2004 por RD$21,242,075.00, y sin embargo el 23 de noviembre de ese año ya se le habían pagado RD$20,000,000.00, equivalentes al 98% del contrato. Además advierte que dos meses después de la inauguración del edificio se le efectuó un pago por RD$1,754,221.47.

En el caso del ingeniero Confesor Rodríguez Meran, dice la auditoría que fue contratado el 15 de noviembre del 2004 para supervisar el edificio, bajo la responsabilidad del ex subsecretario Carlos Polibio Michel Presbot (Kalil Michel).

"Se observó el incumplimiento del contrato, ya que no realizó los trabajos para los cuales fue contratado al no reportar los informes y/o reportes de supervisión del desarrollo de la obra", explica el documento. El contrato de Rodríguez Meran fue por RD$3,250,000.00.

Empero, el 15 de marzo de este año, a dos meses de inaugurada la obra, le fue autorizado un addemdum por RD$17,417,575.75 con el fin de incluir trabajos que ya habían sido realizado.

Lo que faltó

De CONSISA la auditoría dice: "Incumplimiento del contrato, falta de ética y deficiente supervisión por parte de la SEOPC, permitiendo la instalación de 8 puertas a RD$60,000 la unidad, de menor calidad y diferentes al tipo de material a las que habían sido ofertadas en la propuesta".