Ex jueces: Cancelación es "populismo penal"

SANTIAGO. La ex jueza del Primer Tribunal de Instrucción el Distrito Judicial de Santiago, Luisa Rosa García y el ex juez de paz Gabriel Marchena Adames atribuyeron su destitución al llamado "populismo penal" que supuestamente viene promoviendo el Ministerio Público en Santiago en los últimos años.

García y Marchena manifestaron en una entrevista con Diario Libre que las acusaciones presentadas en su contra ante el Consejo del Poder Judicial se debió a sus constantes reclamos hechos al Ministerio Público para que anexara las pruebas en las cuales sustentaban las solicitudes de medidas coerción contra prevenidos.

"Toda esta situación tuvo como base la negativa del Ministerio Público de entregar las pruebas para las audiencias de las medidas de coerción y esto tenía muchos años generando conflictos en los tribunales de Santiago", expresó García.

La ex jueza recordó, además, que tanto los acusados como las víctimas deben disponer de las pruebas para que ambas partes puedan tener su derecho a la defensa.

Sostuvo que los jueces del Departamento Judicial de Santiago son intimidados y presionados constantemente por el Ministerio Público para que se emitan fallos a su favor, ordenando siempre a prisión en casos que violentan el debido proceso de ley.

"Lo que va a determinar la libertad o prisión de una persona, son las pruebas y que se hayan respetado los procedimientos y el debido proceso de Ley", expresó García.

Sostuvo que desde que Yeni Berenice Reynoso era fiscal de Santiago se viene torpedeando el ejercicio de jueces garantistas de derechos fundamentales en esta ciudad.

García reiteró que recurrirá la decisión del Consejo del Poder Judicial por todas las vías que la Ley les permite, comenzando por el mismo Consejo que la ha destituido, la Suprema Corte de Justicia, y el Tribunal Constitucional.

De su lado, Marchena Adames manifestó que con su destitución hecha por el Consejo del Poder Judicial la semana pasada se violó su derecho a la legítima defensa.

El ex juez sostuvo que no descarta recurrir ante las cortes internacionales para hacer valer sus derechos.

Tanto la magistrada Rosa García como Marchena Adames fueron destituidos por el Consejo del Poder Judicial por cometer supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Gabriel Marchena fue sometido ante el Consejo por el Movimiento Vida sin Violencia por otorgar la libertad bajo fianza a Pedro Luis Báez, acusado de matar a su ex pareja Gleiry María Muñoz en presencia de sus tres hijos.

Entre tanto que a la magistrada García se le imputaba cometer irregularidades al declarar inadmisible, sin supuestamente celebrar audiencia, siete solicitudes de medidas de coerción, dejando en libertad a varios imputados de violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, así como porte ilegal de armas de fuego y otros delitos penales.

Los abogados aglutinados en el Departamento de Defensoría Pública del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros rechazaron la destitución de los magistrados García y Marchena por el Consejo del Poder Judicial. Los hombres y mujeres de leyes de la defensoría pública representada por Pablo Santos, Grimaldi Ruiz, Bernardo Jiménez, también por Karen Santana, Daisy Valerio, Laura Rodríguez y Gregorina Suero, consideraron que esas destituciones "constituyen un precedente nefasto para el sistema de justicia del país.

Manifestaron que los magistrados García y Marchena "se caracterizaron en la sagrada y elevada misión de administrar justicia por decisiones, apegadas al derecho, cuyo único pecado fue no coincidir con la política de presión y persecución llevada a cabo por sus detractores y acusadores".