Activistas salvadoreños insisten en reconocer el derecho humano al agua

San Salvador, 26 ago (EFE).- Un grupo de activistas representantes de más de 40 organizaciones de la sociedad civil de El Salvador insistieron este jueves en que se debe garantizar el derecho humano al agua y el carácter de bien público del recurso hídrico.

Los representantes de la sociedad civil presentaron a una comisión del Congreso que estudia un proyecto de Ley General de Recursos Hídricos, propuesta por el Gobierno de Nayib Bukele, un documento con una serie de elementos técnicos para facilitar el análisis de la iniciativa.

La activista Verónica Guerra, de Foro Nacional de Salud, señaló en una rueda de prensa que la propuesta del Ejecutivo debe incluir el pliego de propuestas de la sociedad civil para garantizar el derecho humano al agua y la preservación de los ecosistemas.

Indicó que, aunque la propuesta del Gobierno posee 'múltiples similitudes' con el proyecto de ley de las organizaciones que fue archivado, se han 'soslayado' aspectos fundamentales que permitirían la 'construcción social, equidad y sustentabilidad' del agua en el país.

Guerra apuntó que una de los puntos que las ONG solicitan es la inclusión de una institucionalidad adecuada para garantizar el manejo equitativo, eficiente y sustentable de los bienes hídricos.

Por su parte, Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización de Agua, apuntó que desde la academia, la iglesia y las organizaciones se ha insistido en que se reconozca el carácter de bien público del agua para que el Estado sea 'garante de que todos tengamos acceso a agua de calidad y suficiente con los costos más adecuados posibles a las condiciones de la población'.

También subrayó que la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, debe ratificar el derecho humano para que sea complemento de la ley de agua.

La legislación 2018-2020 aprobó una reforma constitucional, que debe ser ratificada por los diputados actuales para que entre en vigor en la Carta Magna salvadoreña.

Sin embargo, tras 17 sesiones plenarias que se han realizado desde que la nueva Asamblea tomó posesión, el pasado 1 de mayo, el tema no ha sido discutido.

La comisión especial del Congreso que estudia la propuesta del Ejecutivo, cuyos integrantes son en mayoría oficialistas, comenzaron el análisis en julio pasado y se espera que la normativa sea aprobada antes de que finalice el 2021.

La Comisión de Medio Ambiente del Legislativo mandó al archivo una propuesta de ley que fue elaborada por más de 40 organizaciones, cuyo estudio no avanzó y no fue aprobada.

Durante años las organizaciones de la sociedad han insistido en una ley que proteja el recurso hídrico y que llegue, principalmente, a las comunidades que históricamente han sido afectadas por la falta de agua potable.

La problemática de la falta de agua en El Salvador se da más en las comunidades populosas y en la zona rural del país, donde las personas tienen que comprar barriles de agua para subsistir o acarrear agua de ríos, muchos de estos con altos niveles de contaminación.

De acuerdo con la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.

Además, los expertos prevén que el 80 % del país experimente estrés hídrico en 2022 por la reducción de las lluvias como efecto de la crisis climática. EFE

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