Cerrada pesquisa de la muerte de dos jóvenes tiroteados por Marina marroquí

Madrid, 6 nov (EFE).- La Audiencia Nacional de España ha archivado la investigación sobre la muerte de dos jóvenes de la ciudad española de Melilla, en el norte de África, ametrallados supuestamente en 2013 por una patrullera de la Marina Real marroquí.

Abdeselam Ahmed, Pisly, y Amin Mohamed, Emin, fallecieron tras los disparos efectuados supuestamente desde una embarcación militar de ese país cuando pescaban en una lancha en aguas de Punta Negri (Marruecos) el 27 de octubre de aquel año.

El tribunal español llevaba años investigando esta causa. El pasado septiembre, el magistrado José Luis Calama ordenó la busca y captura e ingreso en prisión de tres militares marroquíes como presuntos autores del tiroteo.

La decisión fue recurrida por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ahora revoca el auto del juez y ordena además el archivo provisional de la causa, según adelantó el periódico español 'El País' y confirmaron hoy a Efe fuentes jurídicas.

Uno de motivos por los que el juez ordenó la búsqueda y captura de los militares marroquíes fue un documento aportado por los familiares de las víctimas en el que supuestamente se les identificaba, si bien el tribunal considera que no es suficiente para ordenar la detención.

La Fiscalía pidió el archivo en varias ocasiones al considerar que faltaban elementos suficientes para dirigir el procedimiento contra nadie.

El caso comenzó hace años en un juzgado de la ciudad española de Melilla y finalmente pasó a la Audiencia Nacional, donde se cursaron varias comisiones rogatorias a Marruecos, la primera en 2014.

Un año después, las autoridades del país informaron de que, tras un procedimiento sobre este asunto, se archivó 'conforme al artículo 124 del Código penal marroquí, aplicable en caso de rechazo a obedecer los disparos de aviso de miembros de la Marina Real'.

Y un año después comunicaron que no procederían a ejecutar las comisiones rogatorias dado que eran asuntos que podían perjudicar su soberanía, seguridad u orden público.

Esto 'carece de todo sentido' y supone 'un varapalo' para las familias porque las deja 'desamparadas' tras 'el asesinato de sus propios hijos por unos presuntos responsables que figuran en la causa como investigados desde 2014', aseguró el abogado Pedro Díaz. EFE