Denuncian campaña de difamación contra el exministro de Agricultura de Túnez

Túnez, 1 nov (EFE).- Abogados y activistas por los derechos humanos en Túnez denunciaron este lunes una campaña de difamación contra el exministro de Agricultura, Samir Taïeb, en prisión preventiva desde hace dos semanas por su supuesta implicación en un caso de corrupción, e instaron al presidente de la República, Kais Said, a no 'instrumentalizar' el poder judicial.

'La detención de Samir Taïeb se produce en un clima general de incitación al odio, ha sido víctima de una campaña de difamación, abuso y ajuste de cuentas', señaló el comunicado firmado por una treintena de personalidades públicas, entre ellas el secretario general de la Organización Tunecina contra la Tortura, Mondher Charni, y el antiguo ministro de Deportes, Kamel Jendoubi.

Los firmantes reclamaron al mandatario 'poner fin al discurso de traición, difamación y violencia y evitar el escarnio contra sus opositores', que agrava la crisis política y polariza a la ciudadanía, así como 'cesar de instrumentalizar las instituciones del Estado y proferir amenazas contra responsables, especialmente contra el poder judicial'.

En este sentido, los militantes pidieron al Consejo Superior de Magistratura que defienda su independencia y respete la presunción de inocencia además de 'no ceder a las presiones políticas, amenazas o chantajes'.

El pasado 26 de octubre el tribunal especializado en delitos económicos y financieros ordenó prisión preventiva contra Taïeb y otros siete altos funcionarios por sospechas de competencia desleal y blanqueo de dinero a través de una licitación pública de material informático por un valor superior a 800.000 dinares (equivalente a cerca de 245.000 euros).

Dicho contrato habría sido firmado en 2014, dos años antes de que el jurista y profesor universitario tomara su cargo, en el que se mantuvo durante cerca de un lustro durante el gobierno de Youssef Chahed, según los defensores de Taïeb.

Entre los detenidos se encuentra también un antiguo consejero del entonces ministro, dos directores, el presidente y dos miembros de la comisión de licitaciones y el representante de una de las empresas privadas beneficiarias.

Semanas antes, la justicia dictó una medida similar contra el exministro encargado de las relaciones con la sociedad civil Mehdi Ben Gharbia y doce empleados de sus compañías especializadas en transporte aéreo, a los que imputa cargos de falsificación de documentos y blanqueo de dinero.

Desde que el pasado 25 de julio el mandatario decretase el Estado de excepción- que incluyó el cese del primer Ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida- ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de 'recuperar la paz social'.

Said declaró entonces la guerra a la corrupción y a la oligarquía política y financiera que controla los recursos del país, a la que acusa de desviar el proceso democrático iniciado con la revolución de 2011 tras dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Durante este periodo, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a libertad de expresión; lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE

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