Denuncian las ayudas de Japón a la cuestionada policía de Birmania

Bangkok, 23 jul (EFE).- La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves las ayudas del Gobierno japonés a la Policía de Birmania (Myanmar), por el 'bien documentado historial de graves violaciones de los derechos humanos' de la misma.

HRW manifestó su oposición al anuncio emitido por el ministerio de Asuntos Exteriores el pasado 2 de julio de que otorgará una subvención a la Policía birmana de 100 millones de yenes (805.000 euros o 933.000 dólares) para la adquisición de vehículos y equipamientos de telecomunicaciones para ser empleados en la protección de dignatarios.

'En lugar de apoyar a la Policía de Myanmar, Japón debería ayudar a las víctimas de violaciones de derechos y limpieza étnica trabajando con otros gobiernos donantes para exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad', señala Brad Adams, director de HRW en Asia, en un comunicado publicado hoy.

El Ministerio del Interior birmano, a cargo de la Policía, está subordinado a las Fuerzas Armadas, cuyo jefe nombra al ministro correspondiente y, por tanto, no se halla bajo el mandato del Gobierno civil encabezado por la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

El Ejército birmano es famoso por las violaciones de derechos humanos perpetradas en los numerosos conflictos que libra desde hace decenios contra las guerrillas etnonacionalistas en las regiones periféricas del país habitadas por decenas de minorías étnicas.

Además, Birmania se enfrenta a una acusación de genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las operaciones militares de 2016 y 2017 contra la población predominantemente musulmana rohinyá en el estado de Arakán (Rakáin), que resultaron en miles de muertos de dicha etnia y la huida de más de 800.000 refugiados rohinyás a la vecina Bangladés.

Las operaciones del Ejército fueron apoyadas por la Policía de Guardia de Frontera, hasta 2013 llamada Nasaka, un cuerpo especial de la Policía radicado en Arakan y que durante años ha servido para hostigar a los rohinyás, a los que el Gobierno birmano arrebató la ciudadanía a principios de los años noventa por considerarlos 'inmigrantes ilegales de Bangladés'.

No es la primera vez que ayudas internacionales a la Policía birmana han sido objeto de polémica. Desde 2013, la Unión Europea ha financiado sucesivos programas de entrenamiento para la Policía birmana que han sido criticados por diversas organizaciones de derechos humanos.

El último de ellos, Proyecto MYPOL, fue lanzado en 2016 con una duración prevista de cinco años, para 'ayudar a la Policía de Myanmar a convertirse en un servicio moderno que se adhiera a las mejores prácticas internacionales, respete los derechos humanos e interactúe abiertamente con la comunidad', según la página web del proyecto.

Sin embargo, las brutales operaciones militares en Arakan de 2016 y, sobre todo, 2017, estropearon en gran medida las buenas relaciones que Birmania había mantenido con países democráticos occidentales desde que se embarcó en una transición democrática en 2011 tras cinco decenios de dictadura militar y sanciones internacionales, la mayor parte de las cuales fueron levantadas durante ese periodo.

Japón, sin embargo, no ha alterado sus relaciones con el Gobierno birmano desde las operaciones militares en Arakan, se ha abstenido en las votaciones de la ONU para condenar los abusos contra la población rohinyá y el año pasado ayudó a organizar una feria en Arakan para atraer inversores locales y extranjeros a la región. EFE