Diputado guatemalteco busca frenar acuerdo que suspende empleados sin sueldo

Guatemala, 8 abr (EFE).- El diputado guatemalteco Aldo Dávila, del partido izquierdista Winaq, interpuso este miércoles un amparo ante la Corte de Constitucionalidad -el máximo tribunal del país- con el que busca cancelar un acuerdo del Ministerio de Trabajo que suspende los contratos de trabajo sin goce de sueldo ante la pandemia de coronavirus.

Dávila, en conjunto a otros abogados y organizaciones campesinas, señaló dentro del Constitucional que 'claramente se está violando el derecho salarial y laboral (de los trabajadores), lo cual vulnera (a la sociedad) y sobre todo en tiempos de esta crisis', derivada de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

El diputado aseguró que el amparo 'pretende poder blindar a los trabajadores y respaldarlos (apoyarlos) en este momento de crisis, que es cuando más se debe respaldar a los trabajadores para poder llevar sustento a casa, pagar los servicios y no únicamente decir que se arreglan entre colaboradores y jefes'.

El congresista detalló que ha recibido 'miles de denuncias de despidos masivos, sin prestaciones y ninguna cobertura social'.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó el pasado martes un acuerdo ministerial firmado el pasado 23 de marzo por el titular de dicha cartera, Rafael Lobos Madrid, en el que validó la creación de un 'procedimiento electrónico para registro, control y autorización de suspensión de contratos de trabajo'.

El acuerdo es 'temporal' y 'de aplicación exclusiva mientras persistan' casos de 'fuerza mayor' enmarcadas en el estado de Calamidad pública decretado en marzo por el presidente Alejandro Giammattei y ratificado por la mayoría del Congreso.

La suspensión de empleos de manera colectiva o individual sin goce de sueldo solo podrá realizarse durante el estado de Calamidad, decretado por el mandatario para poder atender la emergencia sanitaria de la pandemia de la COVID-19. Dicho estado podría extenderse próximamente a finales de abril.

IMPACTO EN EL TRABAJO INFORMAL

Para el economista independiente Samuel Pérez-Attías, el impacto a las familias trabajadores en informalidad y en pequeñas y medianas empresas ha sido evidente, pues 'muchos centros urbanos han cerrado y algunas empresas empiezan a despedir a sus trabajadores', según le dijo a la agencia Efe.

Además, indica que para quienes trabajan en sectores de exportación y maquila hubo un 'alto riesgo de contagio', lo cual no solo es grave por 'estar en juego las vidas humanas que la ética impide cuantificar en términos monetarios', sino además está el 'gasto por medicamentos y tratamientos que puede impactar seriamente a la economía familiar'.

La crisis, sin embargo, 'es aún más grave también para el 70% de empleados en el país pues trabajan en la informalidad y no cuentan con seguridad social'.

Ante la pandemia, el Seguro Social ha anunciado diversas opciones para beneficiar a los empleadores, como la suspensión por tres meses del pago de la cuota patronal, el pago a plazos en el segundo semestre del año o continuar aportando con normalidad.

Guatemala avanza por la cuarta semana desde que se dio a conocer el primer caso de contagio importado desde Europa, el 13 de marzo, con 87 casos positivos, tres defunciones y 17 pacientes 'recuperados' de la infección.

Desde el pasado 22 de marzo, el país centroamericano aplicó un toque de queda parcial que impide a las personas salir de sus casas entre cuatro de la tarde y cuatro de la mañana del día siguiente y durante la Semana Santa se agregó la prohibición de desplazarse entre los 22 departamentos que dividen el territorio.

Guatemala tiene una población de 16 millones de personas y el 60 por ciento vive en la pobreza de acuerdo a datos oficiales que lo ubican además como uno de los países con peores sistemas de salud del continente.

Aproximadamente el 70 por ciento de las seis millones de personas económicamente activas trabajan en la informalidad, según registros estatales. EFE