Egipto endurece régimen de prisión a organizadores manifestaciones ilegales

El Cairo, 9 mar (EFE).- El Parlamento egipcio aprobó este lunes una reforma de la Ley de régimen penitenciario en la que se elimina la posibilidad de otorgar prisión condicional a los condenados por organizar una reunión pública ilegal, dándoles un tratamiento similar al de los sentenciados por narcotráfico y terrorismo.

La enmienda, presentada por el Gobierno y que ya había sido aprobada en febrero en primera votación, prevé que quienes sean condenados por manifestación ilegal, por tráfico de drogas o por terrorismo no pueden beneficiarse de los permisos carcelarios previstos para quienes han cumplido tres cuartos de la sentencia en prisión.

El artículo 52 de la Ley penitenciaria permitía conseguir un permiso penitenciario a cada persona condenada por sentencia firme si pasó tres cuartos de la sentencia en prisión y su comportamiento merecía un reconocimiento siempre que no representara una amenaza para la seguridad pública.

Con la reforma de hoy, ese beneficio no es aplicable a los condenados por los delitos mencionados.

El diputado opositor Diaaldin Daud, miembro de la coalición '25-30', aseguró a Efe de que la enmienda 'es uno de los métodos de la represión directa o indirecta' que no permite a los condenados por 'reunión ilegal' beneficiarse del permiso penitenciario.

Agregó que su alianza se opuso a las enmiendas, pero no logró influir en el resultado de la votación por contar con pocos parlamentarios en el Hemiciclo.

'Apoyamos cualquier ley o proyecto de ley que dé mas garantías a los condenados en el proceso de investigación u otros, aunque entendemos el miedo y la preocupación del Estado respecto al terrorismo en la región. Las sociedades se construyen a través de la libertad', subrayó el legislador.

Desde que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, llegó al poder en 2013, las autoridades han llevado a cabo decenas de miles de detenciones de opositores y activistas, muchos de los cuales han sido juzgados por cargos de terrorismo o condenados por participar en manifestaciones no autorizadas.

Las manifestaciones que en septiembre pasado llevaron a unos pocos cientos de personas a protestar contra el Gobierno acabaron con más de 4.000 detenidos, y la mayor parte de ellos fueron acusados de delitos como 'ayudar a conseguir los objetivos de grupo terrorista', protesta ilegal, mal uso de internet y redes sociales y difusión de noticias falsas que socavan la seguridad nacional, así como llamar a protestas. EFE