El caso de siete desaparecidos chilenos y la espía de Pinochet en Australia
Rocío Otoya
Sídney (Australia), 16 jun (EFE).- La justicia australiana celebró este martes un juicio para decidir si extradita a la chilena Adriana Rivas, una exagente de la dictadura de Augusto Pinochet que reclama Chile por su presunta vinculación con el secuestro y desaparición de siete activistas de izquierdas en 1976.
Un tribunal del estado de Nueva Gales del Sur escuchó los argumentos de la defensa y la fiscalía y dejó el caso visto para sentencia, que anunciará el próximo 27 de julio.
El inicio del proceso se ha demorado durante años desde que las autoridades chilenas solicitaran en 2014 la extradición de Rivas para que sea juzgada en su país acusada de varios delitos de secuestro agravado.
La acusada, que defiende su inocencia, fue presunta integrante de la Brigada Lautaro, la unidad de exterminio de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen de Pinochet (1973-1990).
Entre las víctimas que forman parte del caso contra Rivas se encuentran Víctor Díaz, que era subsecretario del Partido Comunista de Chile, así como Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien se encontraba embarazada de su primer hijo.
Excepto Pereira, todos fueron arrestados y luego desaparecieron durante las operaciones Conferencia I y II del régimen de Pinochet contra los miembros del Partido Comunista.
Los cadáveres de estos activistas desaparecidos fueron presuntamente arrojados al mar desde helicópteros después de ser atado con rieles y ser colocados en sacos de patatas.
VÍCTOR MANUEL DÍAZ LÓPEZ: obrero gráfico de 56 años y subsecretario general del Partido Comunista. Estaba casado y era padre de tres hijos, entre ellos Viviana Díaz, quien fue presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile.
En una de las casas donde se escondía en Santiago de Chile, Díaz fue detenido la madrugada del 12 de mayo de 1976 por agentes de la DINA dentro del conocido como Caso Conferencia, la operación de Pinochet para detener a la cúpula de su partido.
Según las investigaciones, Díaz murió asfixiado ocho meses después de su detención en el cuartel Simón Bolívar, un centro secreto de detención y tortura donde operaba la Brigada Lautaro.
EL CASO DE LOS TRECE
El resto de las víctimas vinculadas a la extradición de Adriana Rivas forma parte del llamado Caso de los Trece, como se conoce a un proceso judicial en Chile sobre la desaparición forzada de 13 militantes por parte de la DINA.
Estos seis activistas de izquierdas fueron secuestrados en las calles de Santiago de Chile en un mismo día, el 15 de diciembre de 1976.
El Gobierno de Pinochet alegó en aquella época que estas personas habían viajado a Argentina entre finales de 1976 y principios de 1977, lo que se comprobó en los tribunales que era falso.
Se cree que en realidad fueron trasladadas al cuartel Simón Bolívar, donde fueron torturados por la Brigada Lautaro y luego desaparecieron.
REINALDA PEREIRA: una tecnóloga médica, militante del Partido Comunista. Estaba casada y embarazada de cinco meses de su primer hijo en el momento de ser detenida.
FERNANDO NAVARRO: era miembro del Comité Central del Partido Comunista, de 49 años, casado y padre de tres hijos cuando fue arrestado.
JUAN FERNANDO ORTÍZ: casado, con tres hijos y profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Chile y miembro del Comité Central del Partido Comunista.
LINCOYÁN BERRÍOS: empleado municipal de 48 años, exdirigente de la Central Latinoamericana de Trabajadores Estatales y militante del Partido Comunista. Estaba casado y con tres hijos cuando fue detenido en una calle de Santiago.
HORACIO CEPEDA: constructor civil de 54 años, militante del Partido Comunista. Estaba casado y tenía cuatro hijos cuando fue arrestado en la vía pública.
HÉCTOR VELIZ: obrero, casado y con cuatro hijos, militante comunista detenido también en la calle un 15 de diciembre de 1976. EFE