El edicto contra la corrupción de la máxima autoridad religiosa de Túnez

Túnez, 25 oct (EFE).- El gran mufti de Túnez, máxima autoridad religiosa del país, Othman Battikh, emitió hoy una fatwa (edicto islámico) para reprobar el robo y el desvío de fondos públicos y privados en medio de una guerra anticorrupción lanzada por el presidente de la República, Kais Said, que se arrogó plenos poderes tres meses antes.

En un comunicado publicado este lunes, la institución explicó que tanto el Corán como la sunna profética defienden 'un castigo contra cualquiera que tiende la mano al dinero de terceros', ya sea por medio de un robo, utilizando su poder o apropiándose de un derecho que no le corresponde.

Asimismo recordó que el libro sagrado evoca el término 'corrupción' y sus variantes en más de medio centenar de ocasiones y que incluye la corrupción ideológica, de comportamiento y financiera. En este sentido, señaló la fuente, este delito se ve 'amplificado' si es contra el capital del Estado puesto que provoca el deterioro de las instalaciones básicas y la calidad de vida de sus ciudadanos.

'Es cierto que la corrupción de los fuertes y ricos es mucho más agresivo e influyente que la corrupción de los débiles, los pobres y los necesitados pero la realidad de la corrupción es la misma', declaró el mufti, que insistió sobre la necesidad de proteger a la sociedad y a las próximas generaciones 'con una buena educación moral'.

Desde que el pasado 25 de julio el presidente de la República, Kais Said, decretase el Estado de excepción- que incluyó el cese del primer Ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida- ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de 'recuperar la paz social'.

Said declaró entonces la guerra a la corrupción y a la oligarquía política y financiera que controla los recursos del país, a la que acusa de desviar el proceso democrático iniciado con la revolución de 2011 tras dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

Durante este periodo, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a libertad de expresión; lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La primera Ministra, Nadjla Bouden, nombrada a finales de septiembre, defendió que su Gobierno hará de la lucha anticorrupción su caballo de batalla y tendrá por objetivo recuperar la confianza del ciudadano en el Estado y la de los estados extranjeros en el país.

En el último informe mundial sobre este fenómeno de la ONG Transparencia Internacional, Túnez se situó en el puesto 69 de un total de 180 países, apenas cuatro puntos menos que hace una década.EFE

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