El presidente tunecino califica de 'ilegítimo' el mandato del Parlamento

Túnez, 6 dic (EFE).- El presidente de Túnez, Kais Said, declaró hoy que los textos legislativos aprobados durante el último mandato de la Asamblea, suspendida desde el pasado mes de julio, son 'ilegítimos e ilegales' debido a la supuesta financiación ilegal de algunos partidos con representación parlamentaria.

El jefe de Estado calificó de 'inadmisible' el retraso de la Justicia para aplicar las sanciones por la supuesta violación de la ley electoral por parte de ciertos partidos -sin aludir por su nombre- durante las últimas legislativas celebradas en octubre de 2019, tal y como habría demostrado el informe del Tribunal de Cuentas pese a que no existe una sentencia en firme.

La ley electoral, recordó, prevé la retirada de los escaños para los partidos condenados y una pena de hasta cinco años de prisión para los candidatos a la carrera presidencial, así como la prohibición de presentarse a futuros comicios.

En una reunión celebrada en el palacio de Cartago junto al presidente del Consejo Superior de Magistratura, Youssef Bouzakher, y la presidenta del Consejo del Orden Judicial, Malika Mzari, el mandatario insistió en el papel de la Fiscalía 'para aplicar la ley a todos, independientemente de su fortuna'.

Por su parte, el movimiento islamista Ennahda, la principal fuerza parlamentaria, denunció hoy en una conferencia de prensa presiones sobre la Justicia para invalidar sus listas electorales y 'excluir' a su partido de la escena política. La formación conservadora rechazó las acusaciones de corrupción y defendió que su financiación procede de los 40 dinares (equivalente a 12 euros) que abonan sus simpatizantes.

'Las urnas son las únicas que harán que nos vayamos, no hay otra forma', declaró el dirigente Sami Triki.

Sin embargo, la ONG local Iwatch, especializada en la lucha contra la corrupción, desmintió horas más tarde las declaraciones de Ennahda y confirmó la existencia de varios contratos de lobby entre 2014 y 2021 por un valor de cerca de 780.000 dólares, 'lo que supone una sospecha de financiación ilegal'.

Hace unas semanas el histórico líder de Ennahda, Rached Ghannouchi, declaró estar dispuesto a renunciar a su cargo como presidente del Parlamento si con ello se zanja la crisis política y social que padece el país desde que el pasado 25 de julio el mandatario decretase medidas excepcionales -incluyendo el cese del primer ministro y la suspensión del Parlamento- y se hiciera con plenos poderes para 'recuperar la paz social'.

Una decisión que la mayoría de partidos han calificado de 'golpe de Estado', mientras que otros consideran que se trata de una 'rectificación' de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas de dictadura de Zine el Abidine Ben Ali. EFE

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