En El Salvador hay 'ataque sistemático' del Gobierno contra órganos de Estado

San Salvador, 1 oct (EFE).- El Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional (IIDC)-Sección El Salvador señaló este jueves que en El Salvador hay 'un ataque sistemático' a los órganos Legislativo y Judicial de parte del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Dicho ente internacional hizo referencia al incumplimiento de pago de salarios a empleados y diputados de la Asamblea Legislativa 'como una medida de presión de parte del Ejecutivo para que se le aprueben unos fondos' para enfrentar la pandemia de la COVID-19.

'La negativa del órgano Ejecutivo a ejecutar la transferencia presupuestaria que corresponde al órgano Legislativo para pago de salarios es una clara medida de presión para que se aprueben ciertos préstamos, violando así el principio constitucional de separación de poderes', apuntó el ente en un comunicado.

Además, señaló que 'en días recientes, el Ministerio de Hacienda retrasó la transferencia presupuestaria para el pago del mes de septiembre correspondiente al órgano Judicial'.

Aseguró que 'estas acciones constituyen una violación a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y podría llegar a configurar hechos delictivos'.

'La negativa a ejecutar transferencias presupuestarias a otros órganos se suma a otras acciones, como la ocupación militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero pasado y la desobediencias a resoluciones judiciales, que reflejan un sistemático ataque al principio republicano de separación de poderes', añadió.

EJECUTIVO PIDE PACIENCIA

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo hoy en una entrevista en un canal local que mientras no haya aprobación de fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 'hay que tener paciencia para que obtengan el dinero y hacer los pagos de salarios a los empleados de la Asamblea Legislativa', quienes ya tienen 13 días de retraso en el pago.

Zelaya apuntó que se envió una carta al presidente del Congreso, Mario Ponce, en la que se le pide información de las planillas de los empleados, de los asesores y de los diputados para trasladar los pagos en ese 'orden de prioridad'.

Añadió que 'se debe priorizar el pago de los salarios de los empleados de la asamblea, ya que al revisar los datos de ingresos hasta el 30 de septiembre no existen los fondos para pagar salarios'.

De acuerdo con una publicación del periódico local El Diario de Hoy, a mediados de septiembre, el entonces presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Martínez, informó al Congreso de que el Gobierno ha contado con fondos para atender la emergencia por el COVID-19 y los gastos corrientes del Estado.

El Gobierno de Bukele ha tenido a disposición 6.468,8 millones de dólares para manejar la pandemia y para los gastos corrientes entre enero y agosto, reveló Martínez un día antes de anunciar su renuncia.

Además, señaló que el Ejecutivo contó con 205 millones en Certificados de la Tesorería (Cetes) y otros 278,4 millones emitidos en marzo y abril, respectivamente, luego echó mano de 1.111,5 millones en Letes (Letras del Tesoro) emitidos entre enero y agosto, lo cual suma 1.595 millones en deuda interna.

AVISO A LA FISCALÍA

La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa entregó la madrugada de este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso contra el Ministerio de Hacienda por el impago de salarios a los trabajadores de la institución.

Los posibles delitos cometidos, según la diputada opositora Cristina Cornejo, son actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

'Esto es un intento de golpe de Estado (...) el ministro dijo que no pagan porque la Asamblea Legislativa no aprueba los préstamos que tiene aquí. Señor fiscal, en sus manos tiene resolver estos temas tan fundamentales del país', señaló la parlamentaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

El presidente Ponce aseguró que esperan que el fiscal general, Raúl Melara, 'siente un precedente ejemplarizante porque la falta de pago de salario a trabajadores presenta una cadena de afectaciones'.

Aseguró que no solo se violan los derechos laborales, sino que 'el ministro de Hacienda desafía la legalidad del sistema'. EFE