Extrabajadores judiciales piden condena contra Guatemala por despidos
San José, 23 jun (EFE).- Los representantes de 65 extrabajadores judiciales de Guatemala pidieron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra el Estado por haberles destituido de sus cargos a raíz de su participación en una huelga en 1996.
El abogado César Canil declaró en el cierre de una audiencia ante la CorteIDH que a los 65 trabajadores se les violentaron los derechos a la libre sindicalización y a la huelga, y que su despido 'provocó una colisión emocional, económica y social, y una etapa cruel de estigmatización'.
Según el representante, este caso refleja la animadversión del Estado contra los sindicatos' y pidió a los jueces una condena que repare a las víctimas y brinde garantías de no repetición.
Entre las peticiones de los extrabajadores se encuentran indemnizaciones económicas por lucro cesante y pérdida de ingresos, la colocación de un monumento conmemorativo al caso en una plaza frente a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y que el Gobierno de Guatemala declare el 7 de septiembre como 'Día de la dignidad laboral del empleado judicial'.
La demanda contra el Estado presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que 65 empleados del Organismo Judicial de Guatemala fueron despedidos injustamente como consecuencia de una huelga realizada en 1996 en la que reclamaban mejores condiciones laborales y económicas.
Agrega que estas personas no fueron sometidas a un procedimiento administrativo previo al despido y que no fueron notificadas del inicio del procedimiento disciplinario en su contra, ni tuvieron la oportunidad de defenderse respecto del mismo.
La CIDH señala que Guatemala violó los derechos a ser oído, el de defensa, el de huelga y el del trabajo, y que ello fue propiciado por una legislación que obstaculiza el ejercicio del derecho a huelga.
También, considera que este caso es una oportunidad para que la CorteIDH consolide su jurisprudencia sobre las garantías al debido proceso aplicables para la destitución de trabajadores públicos y sobre el derecho a la huelga y sus restricciones.
La representante del Estado, Liliana Nájera, dijo en la audiencia que lo actuado por el Estado estuvo apegado a la legislación local y que los demandantes no agotaron las vías judiciales internas después de haber sido despedidos, por lo que, a su juicio, el caso no debe ser visto por la Corte Interamericana.
Tras la conclusión de la audiencia este miércoles, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH emitirá un fallo durante los siguientes meses. EFE