Fiscalía boliviana exhumará el cadáver de feminicida que se cree está vivo

La Paz, 10 sep (EFE).- La Fiscalía de Bolivia autorizó este jueves el pedido de exhumación del cadáver que supuestamente corresponde a un policía considerado feminicida, que integró un grupo de elite del país, tras hallarse 'imprecisiones' en informes que hace algunos años establecieron que se había quitado la vida.

En una declaración a los medios, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, sostuvo este jueves que existe una 'duda razonable' de que el cuerpo que se dijo que era del teniente Jorge Clavijo corresponda realmente a esa persona.

La Fiscalía del país inició un proceso por 'falsedad material y uso de instrumento falsificado' contra el policía, que se cree que está vivo a raíz de un informe del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia que halló incoherencias en las pericias que determinaron que Clavijo había muerto.

La exhumación del cuerpo está programada para fines de mes y se desarrollará en un cementerio privado de La Paz.

En febrero de 2013, Clavijo supuestamente asesinó a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, asestándole 15 puñaladas delante de su hijo, de cinco años.

El entonces teniente de la Policía escapó sin dejar rastro hasta que casi un mes después se halló un cadáver en descomposición cerca de un río, a unos 200 kilómetros de La Paz, colgado de un árbol, que se dijo que era el suyo.

Clavijo pertenecía a la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (Utarc), un grupo elite de la Policía Boliviana ya disuelto, en el que actuó para desarticular a un supuesto grupo extremista en abril de 2009 que denunció el Gobierno de Evo Morales.

Varios sectores de la opinión pública han considerado este tiempo que el Gobierno de entonces buscó proteger a Clavijo por tener información clave sobre el caso del supuesto grupo terrorista.

La conmoción de la muerte violenta de Hanalí Huaycho sirvió en su momento para que el Parlamento del país acelerara la aprobación de una ley contra la violencia hacia las mujeres, que castiga los feminicidios con treinta años de prisión, la pena máxima en Bolivia. EFE