Francia, Alemania e Italia piden salida de mercenarios extranjeros de Libia
Trípoli, 25 mar (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania e Italia pidieron hoy la salida de los miles de mercenarios extranjeros que combaten en Libia y expresaron su firme intención de colaborar con el nuevo Gobierno Nacional de Unidad designado hace apenas un mes a través del Foro para el Diálogo Político en Libia (FDPL), un organismo no electo creado por la ONU.
El canciller italiano, Luigi di Maio, y sus colegas francés, Jean Yves Le-Drian, y alemán Heiko Maas, subrayaron que la salida de estos soldados de fortuna, la mayor parte de ellos trasladados al país por Rusia y Turquía, es una condición 'indispensable para que Libia pueda recuperar su soberanía y seguridad' once años después de la caída de la dictadura de Muamar al Gadafi.
'Una vez que se cumpla con esta condición, Libia finalmente podrá pasar página tras una crisis que durante tantos años ha dividido el país', afirmó Le-Drian.
El nación norteafricana es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en marzo de 2011, aviones de combate franceses bajo mando de la OTAN bombardearan el país y contribuyeran militarmente con ello a la victoria de los heterogéneos grupos rebeldes que se habían levantado contra la tiranía.
Tras una pequeña y agitada transición, Libia se partió a la mitad, con dos gobiernos enfrentados: uno en Trípoli, llamado de Acuerdo Nacional (GNA) y fruto del fracasado plan de paz impulsado entonces por la ONU, y otro en el este, con sede en la ciudad oriental de Tobruk, bajo la tutela del mariscal Jalifa Hafter, un antiguo opositor que vivió durante décadas en Estados UNidos.
MÁS DE 40.000 MERCENARIOS EXTRANJEROS
En 2019, Hafter completó su dominio del sur y puso cerco a la capital con el apoyo de milicias sudanesas, chadianas y rusas, en especial el 'Grupo Wagner', una unidad de combate de elite propiedad de Yevgeny Prigozhin, un oligarca íntimo del presidente Vladimir Putin.
El mariscal también contó con el apoyo bélico del estadounidense Erik Prince, fundador de la Compañía Privada de Seguridad Militar (PSMC) 'Blackwater', y de los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, y Egipto, que le dotaron de armas pese al embargo de la ONU que pesa sobre la ONU.
El Gobierno de Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, recibió, por su parte, el respaldo económico y militar de Turquía, único país que ha desplazado tropas a Libia, que le dotó igualmente de armamento y le proveyó de cerca de 20.000 mercenarios reclutados entre los grupos salafistas sirios de oposición a la dictadura de Bachar al Asad.
Una investigación de la Agencia Efe publicada en mayo de 2020 reveló que estos soldados de fortuna sirios cobraban diez veces más el salario que percibían por combatir en su país y que milicianos sirios favorables a la tiranía de Al Asad también combatían en Libia, pero del lado de Hafter.
A principios de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU ya pidió la retirada 'sin demora' de estos mercenarios, en aplicación del acuerdo firmado en octubre por el comité militar libio 5+5, único organismo en los que han negociado los dos gobiernos rivales de forma directa y que se formó para apuntalar el frágil acuerdo de alto el fuego negociado por Moscú y Ankara el pasado verano. EFE
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