Jurista UE: la ley húngara de ONG con financiación extranjera viola derechos
Bruselas, 14 ene (EFE).- La ley húngara para controlar a las organizaciones civiles que reciben financiación del extranjero viola la libre circulación de capitales, así como varios derechos fundamentales garantizados en la Unión Europea, declaró este martes un abogado general del Tribunal de Justicia de la UE.
El letrado europeo, cuyo criterio no es vinculante pero suele marcar la línea para la sentencia de la corte, da así la razón a la Comisión Europea, que llevó a Hungría ante los tribunales comunitarios por la polémica legislación aprobada por el Gobierno del conservador Viktor Orban en 2017.
La norma húngara obliga a las ONG que reciben más de 23.000 euros en financiación extranjera a inscribirse en un registro, así como a informar de la identidad de los donantes cuya ayuda alcance los 1.500 euros.
Estos datos son después publicados en una plataforma electrónica de acceso abierto y las organizaciones deben informar en sus páginas web y publicaciones de que constituyen una 'organización receptora de ayuda extranjera'.
El abogado general del TJUE considera que la norma restringe la libre circulación de capitales, una de las cuatro libertades fundamentales de la UE, tanto para las asociaciones, que pueden tener dificultades para financiarse, como para los donantes extranjeros.
Estos 'pueden verse disuadidos de efectuar donaciones debido al eventual efecto estigmatizante de la publicación de los detalles de esas transacciones, por expresivas de una afinidad ideológica que puede ser comprometedora en el contexto nacional húngaro', explica la corte en un comunicado.
Al mismo tiempo, al dificultar la financiación de las organizaciones, lo que puede afectar a su supervivencia, la ley húngara viola su derecho a la libertad de asociación que está garantizado en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Por otra parte, la mera publicación de los datos de los donantes, que además 'puede contribuir a definir el perfil ideológico' de los mismos, supone una injerencia injustificada en los derechos fundamentales a la vida privada y la protección de los datos personales.
El letrado europeo señala además que estas injerencias no estarían justificadas por los objetivos de interés general que invoca Hungría, como la protección del orden público o la lucha contra el blanqueo de capitales.
Aunque el orden público podría legitimar que se impongan medidas a las organizaciones sospechosas de vulnerarlo, no permite validar una regulación generalizada que se las imponga con carácter previo a todas ellas, según el abogado.
Este considera además que las medidas son desproporcionadas porque el umbral de 1.500 euros (500.000 forintos) es demasiado bajo para el nivel de la injerencia y porque el incumplimiento puede acarrear la disolución de la ONG.
La legislación ha sido criticada, además de por la UE, por organizaciones de derechos humanos y por el Consejo de Europa.
El dictamen del letrado llega en un momento en el que el Partido Popular Europeo prevé debatir sobre si expulsa al Fidesz de Orbán, después de haber suspendido de membresía a la formación en marzo pasado por la deriva antieuropea del mandatario húngaro.
Orbán, que gobierna en mayoría absoluta desde 2010, protagoniza desde años un enfrentamiento con las instituciones comunitarias que ha ido en aumento a raíz de la aprobación de varias normas que han minado los contrapesos democráticos, el margen de maniobra de partidos y organizaciones opositoras o la libertad de prensa, chocando de pleno con los valores europeos. EFE
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