La justicia internacional acecha a Birmania por perseguir a los rohinyás

Jordi Calvet

Bangkok, 21 nov (EFE).- La justicia internacional ha estrechado este mes el cerco a Birmania (Myanmar) por su persecución a la minoría musulmana rohyinyá con varias iniciativas ante lo que investigadores de la ONU calificaron como 'intento de genocidio'.

La líder de facto del Gobierno birmano, la nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, criticada por su pasividad en la defensa de esta minoría, anunció el miércoles que liderará la defensa de su país, de mayoría budista, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se ha abierto uno de los frentes judiciales.

Estas son las claves de la respuesta internacional dos años después de que el Ejército birmano culminara su ofensiva contra los rohinyás en el estado Arakan, en el oeste birmano.

LA ACUSACIÓN

Más de 914.000 rohinyás viven hacinados en campos de refugiados en Bangladesh, de los cuales 744.400 llegaron tras una operación militar lanzada en agosto de 2017, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Una misión de investigación de la ONU denunció que el Ejército birmano cometió abusos tipificados como crímenes contra la Humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Las autoridades birmanas niegan las acusaciones y sostienen que la campaña militar fue una 'operación de limpieza' ante los asaltos armados del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) contra las fuerzas de seguridad.

Birmania discrimina desde hace décadas a los rohinyás, a los que no reconoce la ciudadanía.

DENUNCIA EN LA CIJ

Gambia, con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica, denunció el 11 de noviembre a Birmania en la CIJ, en La Haya, por violar la Convención contra el Genocidio.

En la denuncia, se acusa al Ejército birmano de cometer 'actos genocidas' con la 'intención de destruir a los rohinyás como grupo', incluidos asesinatos en masa, violaciones y destrucción sistemática de sus aldeas.

La delegación africana pidió a los magistrados que impongan medidas a Birmania para proteger a los rohinyás ante los abusos, e impedir que se destruyan pruebas o se impida el acceso a ellas.

La CIJ, órgano judicial de la ONU dedicado a resolver disputas entre estados, fijó del 10 al 12 de diciembre las fechas para las audiencias públicas con observadores orales de Gambia y Birmania.

INVESTIGACIÓN EN LA CPI

La Corte Penal Internacional (CPI), también en La Haya, autorizó el 14 de noviembre una petición de la fiscalía de esta instancia para investigar los presuntos crímenes cometidos contra los rohinyás.

El tribunal concluyó que 'existe una base razonable para creer que se han cometido actos de violencia generalizados y/o sistemáticos que podrían calificarse como crímenes contra la Humanidad'.

Birmania no es miembro del Estatuto de Roma, el tratado que regula la CPI, por lo que la corte no tendría jurisdicción en el país asiático.

Sin embargo, los jueces autorizaron la investigación de acuerdo a la 'deportación' de rohinyás a Bangladesh, uno de los 122 países miembros del Estatuto de Roma y que reconoce la jurisdicción de la CPI, creada en 2002.

ARGENTINA

La Organización de Rohinyás de Birmania, con base en Reino Unido, y activistas pro derechos humanos presentaron el 13 de noviembre otra denuncia ante la justicia en Argentina, país que ha tomado varias causas de derechos humanos extranjeras por el principio de justicia universal.

Esta quedó en manos del Juzgado N°1 de la cámara Criminal y Correccional que deberá decidir si acepta una causa que involucra a Suu Kyi y al jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, entre otros, como 'cómplices del genocidio en marcha'.

El abogado de derechos humanos argentino Tomás Ojea, exrelator de la ONU en Birmania entre 2008 y 2014 y que representó a la organización rohinyá, aseguró que se pedirán 'órdenes de arresto' para llevar las personas implicadas a Argentina a declarar.

SUU KYI

Suu Kyi, en el poder tras ganar las elecciones de 2015 que pusieron fin a medio siglo de regímenes militares, asumirá personalmente la 'defensa de los intereses nacionales' de Birmania ante la CIJ.

Su negativa a admitir los abusos contra los rohinyás y renunciar a defender sus derechos ha pulverizado su imagen como icono de la democracia ganada con su oposición a la junta militar que le valió el premio Nobel de la Paz de 1991.

Sus defensores señalan las limitaciones del gobierno electo ante los amplios poderes que el Ejército se reservó al orquestar la transición hacia la democracia.EFE