Legados y deudas de las masivas marchas que hace un año sacudieron al Perú

Carla Samon Ros

Lima, 14 nov (EFE).- Nunca antes en este siglo la democracia peruana agonizó tanto como lo hizo en noviembre de 2020 con el drama político, convertido en tragedia social, que tuvo su punto álgido en la noche del 14 de noviembre cuando una movilización social sin precedentes forzó la dimisión del efímero presidente Manuel Merino.

Aquella noche llegó apenas cinco días después de que el Congreso peruano, muy impopular y altamente cuestionado, destituyera por 'incapacidad moral permanente' al presidente Martín Vizcarra -acusado de haber recibido sobornos- e impuso en su lugar a Merino, entonces titular del Parlamento, con el fin de instaurar un gobierno de transición.

Ese controvertido proceso, constitucional en sus formas pero dudoso en sus argumentos, fue percibido por la mayor parte de la población peruana como un ataque usurpador contra la democracia y desató un estallido social que durante una semana dejó ver las protestas callejeras más multitudinarias de las últimas décadas.

La brutal represión policial a estas marchas, que dejaron cientos de heridos y dos jóvenes muertos, cuyo crimen aún sigue impune, cavó la tumba política de Merino, cuyo efímero Gobierno de perfil ultraconservador se desmoronó ante la presión popular tras menos de una semana en el poder.

Hasta ahora, ni Merino ni sus ministros se consideran responsables de esas muertes.

Un año después de esta aguda crisis, los expertos consultados por Efe coinciden en definir de 'agridulce' el sabor de la protesta, que logró su objetivo inmediato de sacar a Merino del poder y marcó a toda una generación de jóvenes que vivieron su 'bautizo político'.

Advierten, sin embargo, que las demandas de garantías democráticas que estas marchas pusieron sobre la mesa siguen todavía 'incompletas y no priorizadas' por el Estado peruano.

FORTALECER LA DEMOCRACIA

Para la politóloga y presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, esa semana evidenció la necesidad de 'seguir apostando por una agenda de fortalecimiento de las instituciones democráticas' en Perú.

Fueron miles los rostros jóvenes que salieron día tras día a las calles de distintos rincones del país, convencidos de la necesidad de salvar la democracia y defender sus principios de separación de poderes, estabilidad gubernamental y garantía de derechos fundamentales.

Con un sentido urgente y espontáneo, alzaron su voz en contra de la 'intentona autoritaria' del Congreso 'golpista' que sacó sin previo aviso al presidente más popular en Perú desde que inició el periodo democrático a fines de los 2000, recordó el politólogo Mauricio Zavaleta.

Y, así, la ahora conocida como 'Generación del Bicentenario' tumbó a Merino y marcó, en palabras del sociólogo Omar Coronel, 'un antecedente importante de la capacidad de acción colectiva'.

De esa protesta, agregó el sociólogo, hoy queda una 'cierta memoria épica' y 'un tejido social blando que puede servir para facilitar nuevas acciones colectivas de protesta en el futuro'.

Además, completó Urrutia, 'esa fuerza juvenil' tuvo también su eco en una mayor 'movilización electoral consciente e informada', tal y como demuestra la alta participación en los comicios generales de este año y el hecho de que solo alrededor del 12 % del electorado decidió su voto en los centros de sufragio, una cifra muy por debajo del 25 % en elecciones previas.

RECLAMOS PENDIENTES

Pero cualquier mirada retrospectiva está teñida de amargura al recordar el sábado 14 de noviembre, el día más trágico de la crisis, que se saldó con la muerte de los jóvenes Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22) a manos de la Policía, que retiró a Merino la ya escasa legitimidad que tenía y terminó forzando su renuncia.

A partir de ahí florecieron con más fuerza las heterogeneidades entre los manifestantes, pues mientras unos pedían una reforma constitucional o una convocatoria a una asamblea constituyente, otros exigían justicia y reparación para las víctimas.

'Un punto de agenda prioritario fue el de la reforma policial', explicó Urrutia, quien lamentó la desatención de este asunto dentro de la política institucional.

Cuando el liberal Francisco Sagasti tomó las riendas del Perú y se convirtió en su tercer presidente en poco más de una semana, prometió reformar la Policía y sancionar a los responsables de las muertes de Inti y Bryan.

Pero, en sus ocho meses de gestión, no entregó lo prometido y hoy la investigación sigue en curso a cargo de la Fiscalía, los jefes policiales siguen exentos de castigos y los familiares de los dos jóvenes fallecidos aún esperan justicia.

Mientras, también parece haberse menguado la indignación social por estos asesinatos, por los que Merino tiene abierto un proceso judicial junto a otros miembros de su gobierno por homicidio, lesiones graves y leves.

Prueba de ello, sostiene Coronel, es el silencio ciudadano que está legitimando la decisión del presidente Pedro Castillo de sacar a los militares en apoyo a la Policía en la seguridad ciudadana en Lima y el Callao, una decisión que aún no se ha plasmado en los hechos.

'Que esa muy pero muy equivocada decisión no tenga un rechazo popular es una prueba de que la demanda por las reformas que eviten la represión han pasado al olvido y han fracasado', sentenció el sociólogo. EFE

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