ONG de Venezuela denuncia 115 violaciones al derecho a la defensa en abril

Caracas, 25 may (EFE).- La ONG Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela denunció este martes que, durante abril, se registraron 115 violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos, debido al 'incremento de las restricciones al espacio cívico y democrático'.

'El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la emergencia humanitaria compleja, agravada por la pandemia de covid-19, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela', señaló la ONG en un informe que recoge los incidentes de abril.

Según el documento, el mes pasado se registraron 95 casos de estigmatización, 6 de amenaza, 6 de ataques digitales, 4 de intimidación y hostigamiento, 2 de detención arbitraria, uno de judicialización y uno más de 'otros' tipos.

'Las organizaciones continúan siendo señaladas de vendepatrias, de producir noticias falsas y de mentirosas, así como también de recibir dinero para ello y generar psicoterror a la población, entre otros', detalló el comunicado.

Asimismo, indicó que aumentaron las acusaciones a las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras, al señalarlas de tener 'fines desestabilizadores', 'terroristas', o de 'promover injerencia, invasiones o similares'.

'Ante la profundización de la política de criminalización y el recrudecimiento de los patrones violentos y represivos', la ONG exhortó al Estado a cesar 'de inmediato' las acciones enfocadas a 'limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos'.

El informe también detalló que se agudizaron las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de la promoción de los derechos humanos o a quienes brindan respuestas a la población más vulnerable afectada la pandemia por la covid-19.

'Bajo un aparente manto legal, la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal', denunció.

La ONG concluyó que las acciones del Gobierno representan 'un grave obstáculo' al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario. EFE