ONG denuncian inseguridad jurídica en España para peticionarios de asilo

Madrid, 14 nov (EFE).- En España existe 'una grave inseguridad jurídica' para las personas que piden protección internacional, al no estar desarrollada la ley de asilo, que se traduce en un largo proceso que provoca un colapso de más de 93.000 solicitudes sin resolver.

Según el informe, realizado por un grupo de ONG para Naciones Unidas y presentado este jueves, España ha incumplido los compromisos adquiridos en 2015 y ha retrocedido en sus obligaciones, en un periodo que coincide con el aumento de peticiones de asilo en los últimos cuatro años, que ha colapsado el sistema.

En febrero de este año, las solicitudes de protección internacional sin resolver ascendían a 93.140, frente a las 78.710 de finales de 2018.

Estas ONG que trabajan con refugiados consideran que “se han desatendido los derechos de las personas solicitantes de protección internacional tanto en las fronteras como en el acceso al sistema de acogida” y denuncian que España no ha cumplido las recomendaciones que asumió en 2015.

Entre estos incumplimiento citan la fata de un reglamento de la ley de asilo de 2009, con lo que los procesos son “poco formales, cada vez más complejos y cambiantes, generando una grave inseguridad jurídica”.

Reclama limitar los tiempos de espera, que pueden oscilar entre un mes y más de un año, según las ciudades en las que se solicite esa protección internacional.

Propone mejorar la formación de las personas que entrevistan a los solicitantes, para poder identificar a las personas en situación de especial vulnerabilidad.

Además, denuncian que 'las renovaciones de las tarjetas acreditativas como solicitantes de asilo tardan mucho en concederse' y personas que ya se encontraban trabajando pierden su empleo por no obtener cita de renovación de la tarjeta dentro del plazo legal.

Reclaman aumentar los recursos humanos y económicos en puertos y aeropuertos, ya que 'en las llegadas masivas no se atiende de manera individual; existe falta de intérpretes de las lenguas nativas de las personas que llegan y el letrado de guardia debe asistir a una decena de personas cuando se produce el salto o la llegada de pateras (pequeñas embarcaciones)'.

El informe pide dejar sin efecto el acuerdo con Marruecos, ya que “actualmente se están produciendo en Melilla (ciudad española ubicada en el norte de Marruecos) ‘expulsiones exprés’ que sustituyen a las 'devoluciones en caliente' (inmediatas), deslegitimadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

España será de nuevo examinada en febrero de 2020 por la ONU a partir de los informes que proporciona el Estado, la información recogida por mecanismos de Naciones Unidas y la evaluación de las ONG e instituciones nacionales de derechos humanos. EFE