Poder Judicial libio rechaza el principio de acuerdo alcanzado en Marruecos
Trípoli, 6 oct (EFE).- El Consejo del Poder Judicial (CSJ) expresó hoy su rechazo al principio de acuerdo alcanzado por los dos gobiernos rivales en Libia en el que se contempla un nuevo mecanismo para la elección de diversos cargos oficiales, en particular el titular de la Corte Suprema y el Fiscal General.
En un comunicado, la institución máxima de la Judicatura subraya que sigue con atención las conversaciones que tienen lugar en la localidad marroquí de Bouznika y en la egipcia de Hurgada que espera 'sirvan para hallar una salida y resolver el conflicto político en curso que ha dañado a la patria y al ciudadano”.
“Si embargo, el Consejo denuncia la lógica de las cuotas sobre las que se construyen estos diálogos y sus resultados' ya que en su opinión 'no se ajusta a los intereses de los libios y de Libia, donde las competencias atañen a toda su población, sin discriminación entre el este, el oeste y el sur ''.
“Por ello, nos oponemos e incluso rechazamos el entendimiento logrado en Bouznika respecto al Poder Judicial, y consideramos que se trata de una injerencia y una violación de la soberanía e independencia de esta autoridad', señala la nota.
'La autoridad judicial fue una de las tres que se mantuvo unida, que no se dividió y que quedó como símbolo de la unidad de nuestro país durante todo el período de amargo conflicto. De forma excepcional, la institución judicial conservó su unidad debido a la determinación de sus hijos, que rechazaron ese conflicto y se distanciaron del mismo', agregó.
Al hilo de este argumento, el gobierno de los jueces insistió en que 'la elección del cargo de Presidente de la Corte Suprema solo puede hacerse mediante consulta con este tribunal representado por su presidente y su asamblea general'.
'El cargo de Fiscal General se elige solo después de consultar con el Consejo Judicial Supremo, considerando que los cargos judiciales están sujetos a los estándares requeridos por la naturaleza del trabajo judicial y regulados por leyes especiales. Es el parlamento electo el que asume la autoridad para nombrar estos cargos después de completar las consultas con el Tribunal Supremo y Consejo Superior de la Judicatura', detalló.
Libia es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los heterogéneos grupos y milicias locales sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.
Desde 2015 es escenario de un conflicto fratricida que enfrenta al GNA y al mariscal Jalifa Hafter, tutor del Ejecutivo no reconocido en Al Bayda y del Parlamento electo en Tobruk, y hombre fuerte del país.
En el último año, la guerra se ha recrudecido y devenido en un enfrentamiento armado multinacional privatizado, sin ejércitos, librado por milicias locales y mercenarios extranjeros, en el que Turquía y Catar, junto a la ONU y la Unión Europea, apoyan al GNA, y Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Rusia respaldan a las fuerzas del este.
Otros países como Francia y Estados Unidos tienen una posición menos clara, con contactos en ambos lados del tablero. EFE
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