¿Por qué el Gobierno de Perú teme que el Congreso elija nuevo Constitucional?

Lima, 30 sep (EFE).- La renovación del Tribunal Constitucional (TC) ha llevado a Perú a una tensión sin precedentes entre Gobierno y Congreso que puede terminar con la censura del parlamento al Consejo de Ministros y, acto seguido, con la disolución del Legislativo por parte del presidente Martín Vizcarra.

A ese crítico punto se ha llegado por la intención del fujimorismo y sus aliados políticos como el Partido Aprista, que tienen mayoría en el Congreso, de renovar ese órgano de manera exprés para controlarlo con magistrados afines a sus intereses.

El Ejecutivo ha presentado una cuestión de confianza para revisar la manera de elegir a los magistrados, pues teme que un Tribunal Constitucional al servicio de los intereses personales de la mayoría opositora pueda desbaratar toda la lucha anticorrupción emprendida hace año y medio en asuntos tan sensibles como los siguientes:

1.- LA LIBERTAD DE KEIKO FUJIMORI

El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver un recurso sobre la prisión preventiva que mantiene a la líder opositora presa desde finales de octubre de 2018 por obstruir las investigaciones que le siguen por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales para la Presidencia de Perú por parte de Odebrecht.

Hasta ahora todas las instancias previas a las que ha recurrido, incluida la Corte Suprema, han denegado la libertad a Fujimori, hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y solo consiguió que le redujeran el periodo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.

2.- LA LIBERTAD DE ALBERTO FUJIMORI

Pocos días atrás, el TC recibió un recurso para revocar la anulación del indulto que el expresidente Alberto Fujimori le otorgó en la Navidad de 2017 el entonces expresidente Pedro Pablo Kuczynski para exonerarlo de la condena que cumple de 24 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Esa gracia presidencial fue anulada por la Justicia peruana al considerar que el proceso para indultar a Fujimori fue irregular al no cumplir los plazos ni requisitos y darse aparentemente como parte de una negociación para liberar al expresidente a cambio de que el fujimorismo no destituyera a Kuczynski en el Congreso.

3.- LOS 'CODINOMES' DE ODEBRECHT.

Toda esta crisis se produce a pocos días de que la Fiscalía interrogue nuevamente al exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata para que desvele el nombre de los congresistas cuyas campañas también fueron financiadas por esta empresa de manera irregular.

Entre ellos figuran apodos como 'Sipán', 'Pastor Alemán' y 'Castillo' que estaban dentro de la contabilidad oculta que manejaba Odebrecht para los sobornos y partidas ilícitas que entregó a políticos de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicarse grandes contratos en obras públicas.

4.- EL ACUERDO DE COLABORACIÓN EFICAZ CON ODEBRECHT

Las fuerzas opositoras como el partido fujimorista Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; y el Partido Aprista, del fallecido expresidente Alan García, siempre se han mostrado contrarios a los términos del acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que la Fiscalía suscribió con Odebrecht.

Si se llega a anular ese acuerdo, prácticamente se condenaría al fracaso todas las investigaciones del caso Odebrecht por sobornos y lavado de dinero que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. También a Alan García, que se suicidó en abril antes de ser detenido, y a la misma Keiko Fujimori.

5.- CRISIS POLÍTICA

Como si esto fuera poco, el TC, como máximo órgano de interpretación de la Constitución peruana será el encargado en último término de aclarar la enorme crisis política e institucional que vive el país.

Así, si finalmente el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso, o si los legisladores llevan a delante un proceso de vacancia presidencial, serán los nuevos magistrados los encargados de decidir qué proceso se ajusta más a la Constitución, con las consecuencias no solo políticas, sino también legales que eso tiene.EFE/Fernando Gimeno