Senadora opositora cumple cuatro años en prisión preventiva en Filipinas

Bangkok, 23 feb (EFE).- La senadora filipina de la oposición, Leila de Lima, cumple el miércoles cuatro años en prisión preventiva acusada de conspiración con el narcotráfico a la espera de condena, una 'persecución política' de la administración Duterte, según grupos de derechos humanos.

La senadora, encarcelada el 24 de febrero de 2017, se convirtió en el azote del presidente, Rodrigo Duterte, desde el Senado, donde abrió en 2016 una investigación sobre los abusos de la guerra contra las drogas impulsada por el mandatario y se ofreció a colaborar con la Corte Penal Internacional.

'Los cargos fabricados contra la senadora De Lima no solo son un abuso escandaloso de sus derechos básicos, sino que también son un símbolo del gobierno opresivo de Duterte', denunció el martes el subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW), Phil Robertson.

Un tribunal de Manila absolvió a la senadora de uno de los tres cargos de vínculos con el narcotráfico que pesan sobre ella, al desestimar por 'debilidad de pruebas' la declaración de José Adrián Dera, un narcotraficante preso que dijo haber sobornado a De Lima a cambio de rebaja de pena cuando ésta ocupaba el cargo de Secretaria de Justicia (entre 2010 y 2016), en el anterior gobierno.

Sin embargo, quedan pendientes dos cargos más, uno basado en el testimonio de su antiguo chófer y guardaespaldas Ronnie Dayan, quien la acusó de haber recibido 10 millones de pesos (170.000 euros) del tráfico ilegal dentro de la prisión de alta seguridad de New Bilibid cuando era ministra.

“Las autoridades filipinas deberían retirar los cargos restantes contra la senadora De Lima, liberarla de inmediato y restaurar por completo sus derechos y privilegios como senadora”, insistió HRW, ya que los testimonios acusatorios contra ella surgieron de repente después de que Duterte la declarara abiertamente su enemiga.

Robertson aclaró que todos los cargos contra la senadora se basan en 'testimonios dudosos' de los convictos y 'parecen tener la intención de la administración Duterte de silenciar a uno de los mayores críticos del presidente' e 'intimidar a toda la oposición política'.

Fue De Lima quien, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (2008-10), llevó a cabo una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en la ciudad de Davao, de la que Duterte fue alcalde durante más de 20 años.

HRW también denunció que desde organismos oficiales, como el Departamento de Justicia o la Cámara de Representantes, se emprendió en las redes sociales 'una campaña brutal y misógina de vilipendio hacia De Lima', con la filtración de un supuesto vídeo sexual con su chófer y memes de burla y desprestigio profesional.

El caso de De Lima ha tenido una fuerte repercusión internacional y organizaciones como la ONU, Amnistía Internacional, Forum Asia, Parlamentarios de la ASEAN, e incluso congresistas de EEUU o del Europarlamento, han defendido su inocencia y han pedido en reiteradas ocasiones su liberación inmediata sin cargos. EFE