Sindicalistas piden reforma para mejorar 'pensiones de hambre' en El Salvador

San Salvador, 2 ene (EFE).- La secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), Anahí Molina, pidió este jueves a las autoridades mejorar las 'pensiones de hambre' que reciben los salvadoreños.

La activista señaló a periodistas que es necesaria una reforma del sistema de pensiones para ampliar su cobertura y el porcentaje de dinero que reciben los jubilados.

Apuntó que los salvadoreños necesitan una pensión que les permita vivir su vejez 'en dignidad y no en mendicidad como actualmente'.

'Las pensiones son de hambre, tenemos una población trabajadora envejecida que no se puede jubilar porque no le alcanzará la pensión para cubrir sus necesidades mínimas', acotó Molina.

Sostuvo que el país necesita 'un diálogo social con la participación de todos los sectores que tengamos propuestas y opinión sobre el tema'.

También llamó al Ejecutivo de Nayib Bukele a 'tomar una posición más protagónica' en el tema.

Según Ricardo Chavarría, especialista en fondos de inversión, los trabajadores salvadoreños que se jubilan reciben pensiones de entre un 25 % y 30 % del monto del salario.

Apuntó que esto lleva a las personas a retrasar su jubilación para no reducir sus ingresos y señaló que es necesaria una reforma para incrementar este porcentaje.

En septiembre de 2017, el Congreso de El Salvador modificó el sistema de pensiones e incrementó la cotización de los trabajadores en dos puntos porcentuales del salario, con lo que pasó del 13 % al 15 %

Diferente sectores señalan que este aumento en la cotización no se traduce en un incremento en la pensión de los trabajadores, dado que es utilizado para pagar la deuda estatal con las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de 5.700 millones de dólares.

También sirve para la cancelación de las pensiones de los jubilados en el sistema público abandonado en 1998 y los primeros del actual, que ascienden a más de 160.000 personas, y cuya pensión estaba a cargo del Gobierno.

En abril de 2017, el Gobierno cayó en el impago de la deuda con las AFP por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición para emitir bonos en el Congreso y saldar el pago, por lo que tuvo posteriormente que recortar 56 millones del presupuesto estatal.

El impago desencadenó una caída en la imagen financiera del país con la baja de la clasificación de riesgo soberano por las principales agencias calificadoras del mundo. EFE