Tabacalera despide 30 % de personal en Nicaragua por impuestos y contrabando
Managua, 5 nov (EFE).- La empresa británica British American Tobacco, sucursal Nicaragua, informó este martes que ha despedido al 30 % de su personal en el país centroamericano, como consecuencia de un alza en el impuesto del cigarrillo de hasta un 210 % y un mayor contrabando.
'Las reformas a la Ley de Concertación Tributaria, aprobadas en febrero del año en curso, tuvieron un impacto dramático en la industria legal del cigarrillo en Nicaragua', explicó la empresa, bautizada como British American Tobacco Central America (BATCA), en una declaración pública.
Los incrementos en el impuesto del cigarrillo de 210 % obligaron al sector formal a efectuar aumentos de precios que van más allá de la capacidad adquisitiva del consumidor nicaragüense, indicó esa compañía.
Según BATCA, como resultado de la reforma fiscal, en seis meses Nicaragua pasó de ser el país con menor incidencia de cigarrillos ilícitos en la región centroamericana, a ser un mercado mayoritariamente controlado por el contrabando.
'A pesar de haber hecho todos los intentos posibles para proteger a nuestros colaboradores y no afectar nuestra estructura actual, la fuerte caída en las ventas como resultado de la reforma tributaria nos ha obligado a replantear nuestra presencia en Nicaragua', anotó.
'Para adaptarnos a esta nueva realidad comercial nos vemos obligados a reducir nuestra fuerza laboral en un 30 %', precisó.
BATCA señaló que, con esas medidas, esperan poder continuar en el mercado nicaragüense, aunque, advirtió, 'con los nuevos incrementos que la Ley de Concertación Tributaria establece para el 2020 y el 2021, las condiciones de operación se pueden volver aún más adversas para los operadores legales, haciendo más difícil mantener una operación sustentable'.
BATCA, propietaria de algunas de las marcas más importantes de cigarrillos, como Dunhill, Lucky Strike y Pall Mall, generaba unas 200 plazas de trabajo, entre directos e indirectos y cuenta con más de 15.000 puntos de venta en Nicaragua.
Opera en Nicaragua desde 1998 con la adquisición de la empresa Tabacalera Nicaragüense (TANIC).
La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó a finales de febrero pasado una reforma fiscal, pese al rechazo del sector privado que recurrió a la vía legal para que se deroguen esas enmiendas, porque de lo contrario se agilizaría 'la caída de la economía del país', que el año pasado se contrajo un 3,8 %, según cifras oficiales.
Esa reforma fiscal fue propuesta con el objetivo de buscar fondos para enfrentar la caída de la economía a raíz de la crisis sociopolítica que estalló en abril del año pasado.
Las reformas propuestas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega elevan el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias, y tiene como objetivo recaudar unos 312 millones de dólares, el equivalente al 2,3 % del PIB.
Los cambios fiscales estuvieron precedidos por reformas en la seguridad social que entraron en vigor el pasado 1 de febrero, que elevaron las cuotas de las patronales y los empleados y que bajan el monto de las pensiones.
Esas reformas han sido rechazadas por casi todos los sectores de la sociedad nicaragüense, que han advertido que no resuelven el problema de fondo, como es la crisis sociopolítica.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.EFE