Túnez revisará la ley sobre el consumo de drogas tras una polémica sentencia

Túnez, 1 febrero (EFE) .- El primer Ministro tunecino, Hichem Mechichi, anunció hoy que su gobierno revisará la ley relativa al consumo de drogas después de una polémica sentencia contra tres jóvenes condenados a 30 años de prisión por consumo de cannabis y que ha reabierto el debate sobre su legalización.

'El juez ha hecho su trabajo, hay una ley y la respetamos, pero creo que tiene que ser revisada porque es excesivo que un joven sea condenado a 30 años por haber consumido. El consumo sigue siendo un delito pero nuestro objetivo como Estado es acompañar a los jóvenes y no castigarles con una condena tan dura que puede tener el efecto contrario', declaró el Ejecutivo.

El pasado 21 de enero el tribunal de primera instancia de la ciudad del Kef, a 200 kilómetros de la capital, sentenció a 30 años de cárcel a tres jóvenes en la veintena acusados de posesión y consumo de cannabis en un estadio de fútbol- actualmente cerrado y considerado un espacio público- por lo que recibieron la pena máxima.

Cerca de dos centenares de personas se manifestaron este sábado en el centro de la capital para reclamar la derogación de la ley sobre el consumo de estupefacientes, un texto que castiga por igual drogas blandas y duras con hasta cinco años de cárcel y 960 euros de multa, y que representa el 30 % de las encarcelaciones en el país.

En 2017 el parlamento tunecino aprobó una enmienda que permite a un juez tener en cuenta las circunstancias atenuantes, como ser un consumidor sin antecedentes, y recurrir así a un tratamiento médico o una multa como alternativa. Una medida anunciada como 'provisional' a la espera de una revisión de la política penal que no llega a pesar de las diferentes promesas electorales.

Varios diputados han declaro públicamente su apoyo a un proyecto de enmienda, que deberá ser presentado en los próximos días, y que propone sanciones alternativas a la pena de cárcel como los trabajos comunitarios.

El Colectivo por la Legalización del Cannabis (COLEC), creado en 2019, defiende un proyecto de ley que legalice la producción, comercialización y consumo de cannabis a través de una institución de gestión pública basada en el modelo canadiense. Los beneficios, aseguran sus miembros, serán la reducción de la población carcelarial, la lucha contra la drogodependencia y la criminalidad pero, sobre todo, una fuente de ingresos para las arcas públicas estimada en 460 millones de euros anuales y la creación de 150.000 empleos.

La conocida como 'ley 52', considerada anacrónica y represiva por las organizaciones de Derechos Humanos, nació en la década de los noventa tras el escándalo del 'Couscous Connection', una red internacional de tráfico de drogas y blanqueo de dinero en el que se vio implicado el hermano del exdictador Zine El Abidine Ben Ali. EFE