Zuma pierde la apelación para evitar un juicio por corrupción en Sudáfrica
Johannesburgo, 29 nov (EFE).- El expresidente sudafricano Jacob Zuma perdió hoy un recurso de apelación interpuesto para evitar ir a juicio por un acuerdo armamentístico supuestamente corrupto y cerrado en los años noventa.
El Tribunal Superior de Pietermaritzburg, en la provincia de KwaZulu-Natal (este de Sudáfrica), rechazó en octubre el recurso de Zuma para que levantaran los cargos contra él, decisión que apeló el exmandatario, y hoy volvió a desestimar esa segunda apelación.
Los jueces dictaminaron que se desestimaba el recurso de Zuma y que el expresidente deberá pagar las costas.
El portavoz del exjefe de Estado, Vukile Mathabela, declaró al portal de noticias sudafricano Eyewitness News que sus abogados estudiarán el fallo para decidir los próximos pasos a dar.
Existe la posibilidad de recurrir esa decisión ante el Tribunal Supremo de Apelación (segunda instancia judicial más alta, por detrás del Tribunal Constitucional), pero los jueces de Pietermaritzburg están convencidos de que esa corte les daría la razón.
Así las cosas, el veredicto anunciado hoy allana el terreno para el comienzo del juicio en febrero próximo contra Zuma, quien presidió Sudáfrica entre 2009 y 2018.
A Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
La imputación recorrió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, la Fiscalía anunció finalmente la acusación formal contra el expresidente.
Zuma había dimitido solo un mes antes, forzado por su propio partido debido a los múltiples escándalos de corrupción que le salpicaban y que habían acabado con su imagen de 'presidente del pueblo'.
De forma paralela a esta causa, Zuma también protagoniza otras investigaciones por presunta corrupción.
La más notoria es la llamada 'Captura del Estado', una presunta trama corrupta durante su gobierno con la que el aparato del Estado quedó, supuestamente, supeditado a beneficiar al expresidente, a otros altos cargos del oficialismo y a empresarios afines.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada. EFE
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