Zuma reitera que no declarará por corrupción pese a la amenaza de cárcel
Johannesburgo, 16 feb (EFE).- El expresidente sudafricano Jacob Zuma ha reiterado su intención de no declarar en las investigaciones oficiales por presunta corrupción bajo su mandato, incluso después de que un juez anunciara que irá al Tribunal Constitucional para que sancione al exmandatario por su negativa con una pena de prisión.
'No es la ley lo que desafío, sino unos cuantos jueces ilegales que se han alejado de su postura constitucional por conveniencia política', afirmó Zuma en un escrito de doce páginas en el que, a última hora de este lunes, manifestó su postura tras los últimas novedades judiciales en el caso.
Zuma cargó contra el juez Raymond Zondo, vicepresidente del Poder Judicial en Sudáfrica e integrante del Constitucional, quien lidera desde hace más de dos años la comisión de investigación del extenso caso de corrupción conocido como 'la Captura del Estado'.
El lunes, después de que el expresidente incumpliera una citación para declarar toda esta semana ante la comisión, el juez anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para que penalice el 'desacato' del exmandatario y que pedirá para él un 'periodo de prisión'.
'Siempre ha buscado perjudicarme', contestó Zuma, que acusa a Zondo de hacer 'propaganda política'.
Asimismo, el expresidente (2009-2018) dijo que no habrá 'intimidación o chantaje' que le haga cambiar de opinión y que, como considera que estos procesos no son imparciales, tampoco participará cuando el Tribunal Constitucional escuche el caso presentado por el magistrado.
Zuma no se presentó el lunes a declarar pese a que, en enero pasado, el Tribunal Constitucional había emitido un dictamen dejando claro que el expresidente está obligado a cumplir las citaciones y que debe responder a las preguntas que le plantee Zondo y el equipo legal de la comisión.
'Esto es muy serio. Si se permite, reinaría la ilegalidad y el caos', expresó el magistrado respecto a la incomparecencia de Zuma, al que acusó de no respetar la Constitución del país.
La denominada Comisión de Investigación de la Captura del Estado busca aclarar si durante el gobierno de Zuma el sistema público sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que incluso definían la entrada y salida de ministros en función de sus intereses.
En los más de dos años de trabajo de la comisión, el expresidente fue ya implicado en presuntos actos corruptos por más de 40 testigos.
La comisión de investigación del juez Zondo no tiene potestad para procesar judicialmente, pero sí puede hacer recomendaciones a otros entes y sus averiguaciones pueden ser usadas como pruebas ante los tribunales en el futuro.
Zuma, forzado a dimitir por su propio partido a comienzos de 2018 en medio de numerosos escándalos de corrupción, niega las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.
Pero en paralelo a esta extensa investigación, que cubre todo tipo de ramas del aparato estatal, Zuma está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada. EFE