Duplicación de procedimientos: modalidad instaurada para fraude al Senasa

Una de las modalidades mediante las cuales se habría ejecutado el fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) fue la duplicación de procedimientos.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, a un mismo afiliado se le facturaban procedimientos idénticos en períodos cercanos, sin justificación clínica.

El Ministerio Público indica que, de acuerdo con el Informe de Auditoría Médica de Senasa a las autorizaciones del prestador de servicios médicos Grupo Siulrod, S.R.L., correspondiente al período de enero de 2022 a febrero de 2025, se evidenciaron comportamientos irregulares en la modalidad de facturación. El documento señala que se detectó duplicidad de servicios.

El expediente también refiere que, conforme al Informe de Auditoría Médica Forense realizado a Servicios Médicos del Este (Deleste), S.R.L., el 30 de septiembre de 2025, por auditoras de Senasa, se determinó la existencia de duplicidad en la prestación de servicios.

“Duplicidad potencial en la ejecución de servicios, derivada de la subcontratación de un proveedor que también mantiene contrato directo con ARS y aprobación de pago sin trazabilidad clara, lo que compromete la eficacia del uso de fondos públicos o privados destinados a la atención de salud”, indica el informe.

Calificación jurídica

Los imputados en el caso Senasa son Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de Senasa; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; y Eduardo Read Estrella, médico y empresario.

También figuran Cinty Acosta Sención, vinculada a una empresa prestadora de servicios de salud; Ramón Alan Speakler Mateo, vinculado al Grupo Siulrod; Ada Ledesma Ubiera, vinculada a una farmacéutica y al sector salud; Rafael Luis Martínez Hazim; y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Los hechos que se les imputan están tipificados en el artículo 146 de la Constitución; los artículos 123, 124, 145, 146, 150, 151, 166, 167, 171, 174, 175, 177, 265, 266 y 405, párrafo, del Código Penal dominicano; los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley núm. 448-06 sobre Soborno y Comercio en la Inversión; los artículos 10 y 11 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; y los artículos 2, 3, 4, 8 y 9 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.