Abogado de Adán Cáceres dice no hay evidencias que lo comprometan penalmente

El abogado del mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre aseguró este martes que el Ministerio Público no posee "una sola evidencia" que comprometa su responsabilidad penal en el presunto entramado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) mientras lo dirigía, del 2012 al 2020.

Romel Jiménez, representante legal de  Cáceres Silvestre, citó varios de los ocho testigos que se entrevistaron en el juicio de fondo que se le sigue al exfuncionario y que revelaron se les depositaban recursos que luego devolvían en casi su totalidad a jefes militares, los cuales, según el togado, dijeron que nunca estuvieron en la nómina del Cusep y que tampoco mencionaron en el interrogatorio a esa institución ni a su defendido.

• "No hay una sola transferencia que provenga de la cuenta del Cusep para demostrar la acusación contra Adán Cáceres", sostuvo Jiménez durante la réplica a los argumentos de los fiscales en el juicio de fondo que se le sigue al exjefe del Cusep y otros militares y policías acusados de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos.

El Ministerio Público señala a Cáceres Silvestre, junto al coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, al general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), y al subjefe del Cusep Rafael Camilo de los Santos Viola, de alegadamente encabezar el entramado con el que se defraudó al erario.

Entre las irregularidades que les imputa es la de colocar en nómina a policías y militares que no rendían ninguna función y cuyos salarios devolvían en casi un 90 por ciento a sus jefes.

Sobre compras ficticias

Sobre supuestas compras ficticias de combustibles, materiales de oficina y electrodomésticos, el abogado Romel Jiménez se preguntó también "¿qué pruebas aportó la acusación para sostener sus alegatos en relación con los almacenes?"

Afirmó que el único "reproche" que hace el informe de la Cámara de Cuentas sobre las compras de bienes por parte del Cusep es una falta de orden administrativa relacionada a que no ingresaron a la institución los materiales de limpiezas, oficinas y electrodomésticos, valorados en más de 150 mil pesos.

• "No tenemos que minimizar ese monto, si se demostrara que esa suma fue sustraída, obviamente sigue siendo un tipo penal, aunque no sean los 3 mil millones de los que habla la acusación, pero eso es concretamente lo que en el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas se le reprocha, no a nuestro representado, a la administración del Cusep", expuso el abogado.

Agregó, asimismo, que el Cusep se rige por un reglamento de procedimientos contables y de almacenes de las Fuerzas Armadas, institución de la que forma parte como unidad militar.

Según explicó, las entradas de las mercancías a los almacenes se hacen a través de un conduce que evidencia el recibimiento y con unas tarjetas que es el llamado formulario 53.

“Nuestro representado dirigía esa institución, no manejaba los almacenes ni manejaba el departamento de logística ni de auditoría. No tenía que manosear estos documentos más que cuando tenía, necesariamente, por regla también, que firmar algún documento relativo a una orden de compra o al pago de una orden de compra”, indico.

Al hacer sus conclusiones el pasado jueves, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general.

La misma pena se solicitó para el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola, y 15 años para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), los principales acusados de asociación de malhechores y lavado de activos.