Tribunal ordena al Ayuntamiento de Quisqueya entregar información sobre presupuesto a comunitarios
Le da un plazo de cinco días, y advierte que si no cumple, deberá pagar RD$5,000 por cada día de atraso
La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de San Pedro de Macorís ordenó al Ayuntamiento de Quisqueya y a su alcalde Carlos Jorge Miguel Tavárez Melo entregar -en un plazo de cinco días- información solicitada por comunitarios sobre el presupuesto del 2026 y las obras ejecutadas.
La medida responde a una acción de amparo interpuesta por un grupo de 20 ciudadanos integrantes de la Unión de Juntas de Vecinos de la comunidad, quienes solicitaron al cabildo, vía acceso a la información, documentos para evaluar los motivos técnicos y económicos detrás del estancamiento de diversas obras que ya contaban con fondos asignados en el presupuesto participativo.
Al emitir el fallo, la jueza Génesis Rodríguez Segura determinó que la alcaldía incurrió en un “silencio administrativo” fuera de la ley, al no responder las solicitudes de transparencia sobre la gestión financiera del municipio.
El fallo da un plazo de cinco días al cabildo y al alcalde Tavárez Melo para entregar la información solicitada. Además, establece que, si transcurrido ese período no cumplen con la disposición, la alcaldía deberá pagar una multa de 5,000 pesos por cada día de retraso, a favor de los accionantes.
Copia certificada del presupuesto del Ayuntamiento Municipal de Quisqueya para ser ejecutado en el año 2026.
Informe detallado de todas las obras realizadas y por realizar con el presupuesto participativo del año 2025, incluyendo nombre de los ingenieros o maestros de obras, monto de las mismas y estatus actual.
Copia certificada de todos los contratos de obras realizados por este ayuntamiento en los años 2024-2025.
Copia certificada de todos los contratos de alquileres de equipos pesados durante los años 2024-2025, incluyendo facturas de pagos de los mismos.
Certificación foliada, firmada y sellada por el funcionario competente donde haga constar el monto mensual que devengan los regidores y el alcalde por concepto de gastos de representación, viáticos y asignación de combustibles.
Copia certificada de todas las facturas de combustibles pagadas por el ayuntamiento en los años 2024-2025.
Certificación donde se haga constar si los camiones recolectores de desechos sólidos son propiedad del ayuntamiento o son alquilados; en caso de ser alquilados, copia del contrato y facturas de pagos.
Copia certificada de la nómina completa del ayuntamiento correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2025.
Copia certificada del acta de la sesión donde se aprobó el presupuesto municipal para el año 2026.
Celebran decisión
La Unión de Juntas de Vecinos celebró la decisión judicial.
Al respecto, el abogado Wanchy Medina, representante de los vecinos, enfatizó en una nota de prensa, que este fallo es “ejemplarizante” y sostuvo que obliga al edil a ajustarse estrictamente a la normativa legal, afirmando que los fondos de la población deben ser administrados con total apertura.
La coalición de residentes que impulsó el proceso judicial está integrada por Rasangela Celestino Pierret, Ana Jiménez, Carmen Ramona Lorenzo, Belarminio de los Santos, Domingo Javier Guzmán, Eduardo Antonio Pérez, Elena Sepúlveda de Franco, Élida Polanco Germán, Evelin Sosa y Feliz M. Reyes.
También figuran Rocina Altagracia Viña Peña, Paula Ramírez, Gabriel Cortorreal, Ingrid de la Cruz, Jennifer A. Corporán, Josefina del C. Reyes Núñez, Joseline A. Navarro Alcántara, María de Lourdes Nivar Reyes, Julia María Valdez Hernández y Leydi Jabalera Nova.