Servicios Penitenciarios continúa operando en edificio con riesgo sísmico

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) es la única institución que aún opera en el antiguo edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, una estructura que, según un estudio técnico realizado en 2021, presenta riesgo de colapso ante un eventual terremoto.

Este miércoles, su director, Roberto Santana, se encontraba en las instalaciones participando en varias reuniones, de acuerdo con informaciones ofrecidas durante un recorrido realizado por Diario Libre, en el que también se observó a empleados desempeñando sus labores habituales.

El Departamento de Relaciones Públicas informó que avanzan los preparativos para trasladar las oficinas de la DGSPC en lo que era la sede del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en la avenida 27 de Febrero.

La DGSP pasó a ser una dependencia del Ministerio de Público al Ministerio de Justicia, que se creó en agosto del 2025.

Los que ya se mudaron del viejo edificio

Las dependencias del Ministerio Público que funcionaban en el edificio de las Cortes del Distrito Nacional —entre ellas la Procuraduría de Corte de Apelación y el Departamento de Lavado de Activos— fueron reubicadas en abril de este año en el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, en la avenida Jiménez Moya, así como en la sede de la Procuraduría General de la República, en el Centro de los Héroes.

La reubicación se comunica actualmente a través de avisos colocados en la entrada del antiguo edificio judicial.

Asimismo, el año pasado el Poder Judicial trasladó también los tribunales civiles y penales a la Jurisdicción Inmobiliaria, como parte del proceso de desocupación de la envejecida estructura.

Un estudio de vulnerabilidad realizado en 2021 por la firma EPSA Labco Ingenieros Consultores, S. A. reveló los riesgos estructurales del edificio, que incluso albergó hasta 2005 a la Suprema Corte de Justicia.

A principios del año pasado se había programado el cierre definitivo de la edificación para el 30 de mayo de 2025. En ese momento, el Poder Judicial informó que evaluaba si la estructura sería demolida o sometida a un proceso de remozamiento.