El Ministerio Público ha optado por negociar en casi todos los procesos de corrupción
Aunque niega acuerdos en el fraude al Senasa, varios exfuncionarios y empresarios señalados por soborno y asociación de malhechores no han sido sometidos
En los últimos cinco años, el Ministerio Público ha firmado acuerdos con imputados en casi todos los procesos de corrupción administrativa sometidos a los tribunales. Aunque estas prácticas han sido cuestionadas por algunos sectores, los principales actores del sistema de justicia las respaldan. De hecho, el nuevo Código Procesal Penal, vigente desde diciembre, obliga a los jueces a promover las negociaciones cuando las partes no muestran su disposición a conciliar.
De los seis expedientes más importantes de corrupción presentados por el órgano acusador, el caso del exdirector del Intrant, Hugo Beras, es el único en el que no se han anunciado arreglos que implique admisión de culpas, delación y resarcimiento económico al Estado a cambio de penas reducidas o suspendidas.
No se descarta en el fraude en el Senasa
En el presunto fraude de casi 16,000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que según el Ministerio Público habría sido encabezado por su exdirector, Santiago Hazim Albainy, y ejecutado mediante el cobro de sobornos para la contratación de prestadores de servicios de salud, el órgano acusador dijo no descartar la posibilidad de negociar con algunos de los imputados.
En la solicitud de medida de coerción presentada en diciembre contra Hazim Albainy y los otros 10 imputados sometidos hasta el momento también se señala de soborno y asociación de malhechores a empresarios y exfuncionarios que no han sido procesados.
No obstante, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) todavía no ha depositado las conclusiones de su investigación, cuyo plazo vence la próxima semana.
- El órgano acusador ha negado haber arribado a algún arreglo en el caso de la ARS estatal, pero atribuye a Roberto Canáán, exgerente de Atención al Usuario, y a Carmen José Velásquez, exgerente de Afiliación, formar parte del presunto grupo que lidera el exdirector de Senasa, y estos últimos dos no forman parte de los llevados ante la justicia.
También imputa al empresario José Pablo Ortiz Giráldez, a quien señala de convertirse en la “mano derecha” de Hazim “para recibir y manejar parte del dinero producto de los sobornos pagados” por las prestadoras de salud y tampoco ha sido sometido.
Asimismo, al empresario Jhonny Morales, quien “recibió 95 millones” por las gestiones con Hazim a favor de Cinty Acosta, una de las imputadas. Morales estuvo detenido hace varios años por el caso de corrupción del Plan Renove y que afectó al erario con casi dos mil millones de pesos.
Una de la novedad de la Ley 97-25 que instituye el Código Procesal Penal es que obliga a los jueces a promover las conciliaciones entre acusados y acusador, al establecer, en el párrafo II, del artículo 305, que los magistrados deberán verificar su existencia y "la posibilidad de alcanzarlos".
Maxy Montilla
Hasta el momento, la conciliación entre Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, y el Ministerio Público ha representado la más importante por la cantidad de recursos restituido, tres mil millones de pesos, en un criterio de oportunidad en el que no se le persigue penalmente.
Según el acuerdo homologado por un juez, Montilla se comprometió a colaborar en la investigación de una presunta estafa de más de 20 mil millones de pesos en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) y que se dio a conocer en el 2021. De esa querella no se han ofrecido detalles, solo que otros se han acercado para también negociar.
Con gran parte del caso de Jean Alain
El juicio de fondo que actualmente enfrenta el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, lo acompañan en esa fase 14 de sus principales colaboradores y otros 29, algunos de ellos empresarios y sus respectivas compañías, pactaron con el Ministerio Público y fueron condenados en penales abreviados.
Entre los que negociaron con la Pepca, se destacan el exjefe de Gabinete de la Procuraduría General, Rafael Canó Saco, yel empresario Lisandro José Macarrulla Martínez.
Por otro lado, el exdirector administrativo del Ministerio Público durante la gestión de Jean Alain (2016-2020), Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, aunque admitió su culpabilidad en la etapa preliminar por supuestas órdenes del exprocurador, sigue enfrentando el juicio de fondo sin un acuerdo formal anunciado.
Macarrulla Martínez, representante de Mac Construcciones SRL e hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, devolvió al Estado más de 154 millones de pesos y fue condenado a tres años de prisión suspendida. Admitió haber pagado sobornos para beneficiarse de un lote de la construcción de la cárcel Nueva Victoria (hoy Las Parras).
Hermanos Medina Sánchez
En el proceso penal llevado a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, entre los que pactaron con los fiscales se incluye al extitular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán Rodríguez, quien fue condenado en el 2023 a cinco años de prisión, de los cuales dos años y once meses fueron de arresto domiciliario por sobrepasar los 70 años de edad.
Pagán debió entregar al Estado 35 millones de pesos y un jeep BMW modelo X5 XDrive del año 2017.
Caso de exministros Gonzalo Castillo y Donald Guerrero
En este expediente, cuya investigación se denominó Operación Calamar y en el que se vincula a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, destacan los acuerdos con los empresarios Manuel Emilio Jiménez Collie ('Mimilo'), José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo Herrera. Estos fueron beneficiados con un criterio de oportunidad, evitando la persecución penal tras devolver al Estado más de 2,300 millones de pesos “como reparación por los fondos sustraídos”.
En esa causa también admitió su responsabilidad el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero, y en base al acuerdo, restituyó al Estado 17 millones de pesos a través de cheques y dos vehículos, valorados los dos en casi tres millones de pesos.
En el proceso de los más de veinte militares y policías de altos rangos condenados recientemente por la estafa de más de 4,500 millones al Estado a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el de Seguridad Turística (Cestur) , los fiscales solo anunciaron una conciliación con uno de los acusados: el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, quien terminó implicando a sus demás compañeros.