Abogados de Adán Cáceres demandan a la Procuraduría la devolución de Fundación Madre Tierra

Afirman que las operaciones de la entidad han sido afectadas de manera irreparable y se han generado pérdidas de millones de pesos

Imagen de archivo del mayor general el Ejército Adán Cáceres cuando era trasladado a una audiencia. (Diario Libre)

Los abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre acudieron este lunes a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar la entrega “inmediata de los bienes y activos”, de la Fundación Madre Tierra, la cual ha sido señalada en la red de lavado de activos del caso de corrupción desmontado por la Operación Coral.

Los togados Francisco Álvarez, Cristian Martínez, Romer Jiménez y Elsa Trinidad afirmaron que la Fundación Madre Tierra ha sido objeto de una campaña mediática desarrollada por el Ministerio Público con los fines de desacreditarla. Alegan que esta organización fue ocupada ilegalmente, ya que esta es una institución legalmente constituida y, según aseguran, está fuera del caso Coral.

Denunciaron que las instalaciones de Madre Tierra y sus operaciones han sido usurpadas y ocupadas por personas, que se identifican como miembros y representantes de la Procuraduría General de la República.

Dijeron que no pueden afirmar que dichas personas sean miembros de la Procuraduría como lo acreditan sus distintivos. “No nos consta aval jurídico alguno que permita tal afirmación pero, nos permite ensanchar las posibilidades de que lo que ocurre es otra vejación realizada por la autoridad al margen de la ley”, expresaron.

“Estas personas pernoctan y controlan la persona moral misma, sus propiedades, operaciones y dineros... hasta los que obtienen por venta de parte de sus bienes sin otorgar recibos”, dijo uno de los abogados.

Consideraron que la situación ha generado la pérdida de millones de pesos, “pues las operaciones ordinarias de la Asociación Campesina Madre Tierra han sido afectadas de manera irreparable”.

Aseguran que están recibiendo dineros en efectivos sin que figuren en los registros oficiales establecidos por ley y sin contar con controles confiables necesarios para auditar ulteriormente estos manejos financieros de particulares.

Solicitaron al Ministerio Público disponer asimismo de una exhaustiva investigación en torno a la manera en que se está administrando dicha entidad desde que fue secuestrada “en franca violación las leyes nacionales”.

Periodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.