Autoridades no han podido frenar crímenes planificados desde las cárceles

En menos de una semana la Policía Nacional ha dado a conocer dos casos de asesinatos planificados desde las cárceles del país, uno de ellos con el saldo de tres personas muertas en La Romana.

El pasado domingo se informó que el recluso del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, en Santiago, Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, habría sido el autor intelectual de la muerte a tiros del agente penitenciario de ese recinto a principio de año.

En el momento de su detención en julio del 2016, Bonilla Cruz se le atribuyó formar parte de una banda que había ejecutado a seis personas.

El agente que ordenó asesinar en este mes, el cual se consumó, fue a George Adonis Adames, en cuyo crimen también resultó con heridas de balas su acompañante, Junior Arismendy Francisco Mejía, mientras se desplazaban en un vehículo por la avenida Circunvalación Sur, en Santiago. El móvil habría sido un incidente ocurrido en el penal.

El pasado martes se acusó de los asesinatos de Ángel Carrión Guzmán, alias Popo, Juan Gil Adames (a) Jesús Papeleta y Gregorio Pérez Santana (a) Pito, en un batey de La Romana, al recluso Enrique Brito Jiménez (a) Enriquito, quien supuestamente guarda prisión en la cárcel de San Pedro de Macorís.

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron hallados calcinados dentro de una yipeta y el otro a varios metros con impactos de balas.

Solo duró varios meses

El primer sistema de bloqueo de señales en la cárcel del Kilómetro 15 de Azua fue un plan piloto que se mantuvo “por varios meses”, informó a Diario Libre, Hiddekel Morrison, cuya empresa HM Consulting estuvo a cargo de su instalación y quien afirma operó de “forma exitosa”.

Dijo que el proyecto lo realizó “al costo, sin procurar beneficios económicos” para su empresa “con el único propósito y objetivo de contribuir a la reducción del crimen y el delito”.

El monto “aproximado del proyecto fue de un millón doscientos mil pesos” y, según él, representó un “ahorro millonario al Estado Dominicano, pues proyectos equivalentes se habían cotizado en más de US$12 millones”.

Expuso que la idea en el 2014 era ver la efectividad de ese proyecto y que después de ser llevado a cabo, aunque no continuara, considera es una muestra de lo viable y efectivo que puede ser para retomarse y llevarse a cabo en todas las cárceles.

“¿Por qué dejo de funcionar? Porque penosamente, a lo interno de los recintos penitenciarios algunos reclusos llevan a cabo procesos de sabotaje y en este caso fue víctima de múltiples procesos tipo de sabotaje desde interrumpir el suministro energético hasta tumbar las antenas desbloqueadoras que se habían colocados”, aseguró en una entrevista vía telefónica.

Agregó que el sabotaje “ha hecho difícil de la continuidad del proyecto pero no por viabilidad técnicas sino más bien por la debilidad en la dinámica interna de los recintos del país.

Diario Libre trató de obtener la versión de la Procuraduría General de la República sobre cómo se desarrolló el sistema de bloqueo de señales en el penal de Azua, el primero que se ha instalado en el país, pero no fue posible porque sus funcionarios no contestaron las llamadas.

Morrison afirma que con ese plan piloto se confirmó la funcionalidad de bloquear los celulares y el internet, además de que haya una cabina en donde los presos puedan hacer llamadas monitoreadas por las autoridades.

Explica que, adicionalmente, con las empresas prestadoras de comunicaciones se puede lograr eliminar la llamada “lista negra”, que son los celulares macos que se activan sin presentar cédulas de identidad personal.