Critican papel de los jueces en casos de feminicidios y violencia de género

Dentro de los feminicidios y violencia de género que sufren las mujeres dominicanas hay dos elementos que están recibiendo cuestionamientos en estos días, por el papel que pudieran estar jugando en la situación. Se trata del rol que juegan los jueces en los acuerdos a que arriban las víctimas y los victimarios y su desempeño en los procesos que se llevan a cabo.

Las críticas a los magistrados salen del mismo Ministerio Público y el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam). También la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se pronunció sobre el tema. Este martes cuatro hechos violentos se registraron en el país contra mujeres, dos de ellos degeneraron en feminicidios.

Los argumentos son muchos, entre ellos que los jueces tienen un papel muy importante en el proceso, porque son las personas que avalan o rechazan dichos pactos, o sea, tienen la última palabra. También se cuestiona las sanciones penales que suelen imponer o el envío a terapias de hombres, cuyos perfiles son de “alta peligrosidad”.

Julieta Tejada, encargada de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República, entiende que los acuerdos son una “responsabilidad compartida”, pero hace hincapié en el papel que tienen los magistrados al momento de legitimar un convenio de este tipo.

“Recuerda que los acuerdos, tras llevarse a cabo y tener carácter de sentencia, tienen que estar homologados por el juez. Entonces, también el juez tiene ahí una participación, digamos, o una responsabilidad compartida, porque el juez de ejecución de la pena es quien lo homologa y si ha habido un desempeño cuestionable, supónte tú, por parte de la fiscal, todavía cuando se lleva eso al juez, pues el juez tiene en sus manos la potestad para enderezar el asunto, por qué, porque el juez lo puede rechazar”, adujo Tejada cuando fue entrevistada por Diario Libre el 7 de este mes sobre el tema.

“Falta seguir concienciando a los jueces para que comprendan la complejidad de la violencia en la situación de pareja, sobre todo esa que ejerce el hombre contra la mujer, de que no se validen acuerdos en hechos que son verdaderamente dramáticos y de que se ha evidenciado que hay violencia, que hay daño psicológico, si hay un informe que evidencie eso, entonces no puede haber una exención de la pena. O sea, si ya se estableció que iba a ver una sanción penal de cinco año, cómo le van a dar garantía económica a una persona”, subrayó, de su lado, Soraya Lara, directora del Pacam.

Lara agregó: “Está también el Poder Judicial, o sea, qué está pasando con el sistema judicial que está validando acuerdos, o sea las medidas, sí realmente se ventilan los casos, si a un agresor potencialmente peligroso, en vez de tener una sanción penal, lo envían a terapia, cuando hay un aumento de la peligrosidad por la separación, es un abordaje que deben estar implicadas las diferentes instituciones del Estado”.

La directora del Pacam va más lejos y cuestionó el seguimiento que deben dar los jueces a los hombres que envían a terapia.

“Porque la punta del iceberg es, obviamente, el sistema del Ministerio Público, pero además del Ministerio Público también tenemos que ver qué está pasando con los jueces, cuáles son las medidas o las sanciones penales que están tomando, si se cumplen estas sanciones penales, si hay un juez de ejecución de la pena que le da seguimiento a esos casos, porque muchos (hombres) son remitidos a la terapia, al Centro Conductual para Hombres, sin embargo, si estos hombres no asisten ,¿ quién le da seguimiento desde el Estado?, tiene que ser el juez de ejecución de la pena”, adujo.