Dictan 3 meses de prisión a mujer acusada de estafar haciéndose pasar por agente consular
Recibió casi 3 millones de pesos de las personas que engañó, según el Ministerio Público
El Juzgado de la Instrucción de la provincia Hermanas Mirabal dictó tres meses de prisión preventiva en contra de una mujer acusada de hacerse pasar por agente consular de España para estafar a personas de diferentes partes del país, a quienes les prometía diligencias consulares de visado Schengen desde República Dominicana hasta Europa.
El citado tribunal dispuso la medida de coerción contra Hilda Mercedes Suriel Gil, quien para las acciones fraudulentas, de acuerdo a las autoridades, utilizaba el nombre falso de Carmen Concepción Gil. Se le imputa de incurrir en el delito de estafa a personas, prometiendo visados a cambio del pago de cuantiosas sumas de dinero en efectivo.
De acuerdo con los argumentos presentados por el Ministerio Público de esa provincia, la imputada ofreció a una de las víctimas denunciantes la obtención de un visado rápido para viajar hacia Italia, a cambio del pago de 500 mil pesos para tramitar su llegada a ese país europeo.
El órgano de la acusación agregó en una nota de prensa que, haciéndose pasar por abogada y agente consular en España, estafó a un grupo de personas con más de 2 millones 400 mil pesos, por un viaje que no se realizó.
De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría, para evadir potenciales acciones legales en su contra, la imputada colocaba el concepto de préstamo a los recibos que emitía cuando recibía el dinero de sus víctimas.
Como parte de las investigaciones, el 27 de noviembre de 2020 las autoridades allanaron la residencia de Suriel Gil, en la localidad de La Ceiba, del municipio Villa Tapia, donde ocuparon 10 pasaportes pertenecientes a las personas estafadas, además de sellos y diversos documentos vinculados a los supuestos trámites de viaje.
A estos hechos, el Ministerio Público ha otorgado una calificación jurídica provisional de violación a los artículos 2 y 7, letras D y H, de la ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
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